Las propuestas de resolución del Tribunal de Cuentas a La Rioja, aprobadas por unanimidad

Ha sido una votación unánime. Las propuestas de resolución al informe de fiscalización de la Comunidad Autónoma de La Rioja de los ejercicios 2004 y 2005, analizados por el Tribunal de Cuentas, han sido aprobadas con el apoyo de todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados, incluido el Partido Popular.

Como ya informó Rioja2.com, el Tribunal de Cuentas del pasado 30 de junio insistía varios apartados específicos como la contratación administrativa y la actividad subvencionadora del Gobierno riojano. Pues bien, el Tribunal puso el acento en los criterios de adjudicación recogidos en los pliegos de contratación de obras públicas. Casualmente, el Partido Riojano denunciaba hoy ante los medios que el Ejecutivo ponía trabas a las empresas que optaba al concurso de obras públicas en favor de otras que estaban vinculadas con el Gobierno. Se tratería de la adjudicación de las obras de explotación del aparcamiento del CIBIR y de la construcción del centro de salud de la Guindalera.

Otra de las advertencia del Tribunal de Cuentas era el mantenimiento de sociedades deficitarias y daba un nombre, Valdezcaray o Sodetur y la concesión de subvenciones.

Pues bien, las propuestas de resolución aprobadas hacen hincapié en estos puntos. Especialmente en revisar y analizar de acuerdo a los criterios de eficiencia y economía en el empleo de los recursos públicos, la situación deficitaria de los resultados de explotación generados por la mayor parte de las sociedades mercantiles autonómicas, “con el objeto de decidir la oportunidad de mantener algunas de estas inversiones societarias”.

Además, se propone que el Gobierno garantice el cumplimiento legal de publicidad y concurrencia en los contratos de equipamientos de instalaciones sanitarias de La Rioja, además de acreditar la asignación de puntos en los concursos de acuerdo al principio de economía en la gestión de los fondos públicos.

Por otra parte, se recomienda salvaguardar el principio de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones a los municipios riojanos.