Atención desde España para las mujeres maltratadas en el extranjero

El Consejo de Ministros anuncia un nuevo protocolo por el que se atenderán a las mujeres españolas víctimas de violencia de género que residen en el extranjero, como también se han elaborado protocolos de atención sanitaria para mujeres inmigrantes y con discapacidad. Asimismo se pretende también ampliar al funcionariado la posibilidad de acumular las pensiones de viudedad y orfandad en caso de que el cónyuge sea asesinado ya que ésta es una ventaja de la que en la actualidad puede beneficiarse el resto de la ciudadanía.

Alfredo Pérez Rubalcaba, el vicepresidente primero del Gobierno, anunciaba otra reforma para hacer compatible el cobro de una pensión no contributiva con las ayudas públicas por ser víctima de malos tratos. Lo que sucedía anteriormente es que en caso de que estas ayudas elevaran la renta, la víctima podía ser excluida de cobrar la pensión a la cuál también tenía derecho. “Ahora, si tienes derecho a la pensión, la vas a tener” afirma Rubalcaba. De esta manera el Ejecutivo ha aprobado que las ayudas económicas registradas en el artículo 27 de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, no computen para reconocer el derecho a las pensiones no contributivas.

En cuanto a la reforma del Código Civil en relación con la custodia compartida que propuso Leire Pajín ante el Consejo, éste ha resuelto que se suspenderá cautelarmente la custodia de los hijos a quienes estén “imputados por un juez” en un proceso penal por malos tratos aplicándose tanto a hombres como a mujeres, ya que el Gobierno considera que es mejor que el menor esté con la víctima que con el agresor.

Otro de los cambios que se han establecido para dar una mayor seguridad y mejorar los derechos de las víctimas e hijos, es la incorporación de las Unidades de Valoración Forense Integral como una unidad orgánica específica dentro de los Servicios de los Institutos de Medicina legal. Además, se regularán y mejorarán los equipo psicosociales en el ámbito de la Administración de Justicia, atendiendo a una de las solicitudes por parte del Defensor del Pueblo.

También este acuerdo explica que cualquier empleado público que este condenado por un delito de violencia de género será vetado de responsabilidad directa o de ejercer en servicios o unidades específicas para este fin.