El Informe anual del Tribunal de Cuentas pone el acento en las subvenciones públicas del Gobierno de La Rioja
Ya conocemos las recomendaciones definitivas del Tribunal de Cuentas extraídas del Informe Anual de los Ejercicios 2004 y 2005 a la Comunidad Autónoma de La Rioja. La sesión del Tribunal tuvo lugar el pasado 27 de octubre con la comparecencia de su presidente Manuel Pérez Núñez y en la que estuvieron presentes los diputados riojanos en el Congreso, el popular Juan Antonio Gómez Trinidad y el socialista César Luena.
En aquella sesión, se repasó el informe aprobado por el Pleno del Tribunal el pasado 30 de junio de 2009 y fue remitido posteriormente a las Cortes Generales y al Parlamento de La Rioja y al Gobierno de La Rioja.
Tal y como adelantó Rioja2.com, el informe dedicaba varios apartados específicos al análisis de la contratación administrativa y de la actividad subvencionadora. Esto es, el Tribunal de Cuentas insistía en la deficiencias denunciadas en anteriores ejercicios que afectaban a los criterios de adjudicación recogidos en los pliego o en la insuficiente justificación de las demoras y modificados aprobados en la ejecución de determinados contratos. También se constataban carencias y deficiencias en la gestión de la línea de ayudas a entidades locales de La Rioja para equipamientos y atenciones especiales y urgentes.
Pues bien, el informe definitivo del Tribunal de Cuentas reincide en lo que ya conoce tanto los diputados en el Congreso como el propio Gobierno Autonómico.
Son siete las recomendaciones:
La primera tiene que ver con mejorar y agilizar los trabajos para completar el registro de inventario de los bienes materiales e inmateriales “cuyo mantenimiento actualizado y debidamente conciliado” es imprescindible para llevar un mejor control de todo ello.
La segunda recomendación afecta a las “deficiencias y debilidades evidenciadas en las actuaciones relativas a la gestión de las líneas de subvención ”para mejorar el control interno de las subvenciones del Ejecutivo riojano y especialmente, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja.
El Gobierno de La Rioja posee cerca de 10 fundaciones y sociedad públicas, sin contar Centros tecnológicos. Más de 113 millones de euros se destinan a sufragar los gastos de estas entidades. El informe anual de Cuentas, tras analizar “la recurrente situación deficitaria de los resultados de explotación generados por la mayor parte de las sociedades mercantiles autonómicas”, aconseja una revisión y un análisis sobre la oportunidad del mantenimiento de dichas sociedades de acuerdo con los criterios de eficiencia y economía de los recursos públicos.
El Gobierno de La Rioja también se lleva una reprimenda por su regulación contable de las operaciones derivadas de la gestión de proyectos cofinanciado con fondos estructurales y de cohesión provenientes de la Unión Europea, sobre todo en lo concerniente a una subvención a una entidad pública “el momento en que debe registrarse el ingreso por transferencia de la Unión Europea debe coincidir con el momento en que dicha unidad incurra en el gasto cofinanciado”.
Para ello, el informe aconseja que la Comunidad Autónoma integre en su sistema informativo contable una aplicación determinada que recoja los datos históricos y las cuentas de deudores y acreedores para el apoyo de la gestión y de la toma de decisiones.
Por último, el Tribunal de Cuentas recomienda mayor claridad y precisión de los criterios de adjudicación de contratos destinados a empresas privadas, así como los métodos o formas de asignación de puntuaciones, para que dichas empresas interesadas en los proyectos que presenta la Comunidad Autónoma puedan preparar sus ofertas de acuerdo con los baremos establecidos.
Además y en este sentido, el Informe da un tirón de orejas al Gobierno de La Rioja insistiendo en que debe primar la valoración de los precios más bajos en las ofertas y de esta forma, ser más coherentes con la reducción del déficit público y con la gestión de fondos públicos.
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