La Comisión Europea decide hoy si expedienta a Francia por las expulsiones de gitanos
La Comisión Europea decidirá hoy si expedienta a Francia por las expulsiones masivas de ciudadanos rumanos y búlgaros de mayoría gitana que el gobierno galo ha venido realizando a lo largo del verano, superando la cifra de los 1.000 expulsados en poco más de un mes. La decisión dependerá de lo que opine la Comisión sobre si la actitud de Francia ha incurrido o no en discriminación al centrarse en un colectivo en particular.
La polémica por las expulsiones masivas de ciudadanos comunitarios de Francia ha marcado los últimos debates de la Unión Europea, especialmente después de que Viviane Reding, la vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Justicia comparara las expulsiones de gitanos de Francia con las deportaciones llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, declaraciones que recibieron una contestación prácticamente unánime por parte de los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros.
La decisión que adopte hoy la Comisión Europea podría estar muy influida por el hecho de que el ministro de la Inmigración francés, Eric Besson y el Secretario de Estado para Asuntos Europeos, Pierre Lelouche, aseguraron a Reding que Francia no estaba llevando a cabo medidas discriminatorias, sólo unos días antes de que saliera a la luz la circular interna del 5 de agosto. En este documento, que el Ministerio de Interior retiró rápidamente, se decía explícitamente que las expulsiones de ciudadanos de etnia gitana debían ser privilegiadas.
A pesar de ello, según fuentes diplomáticas de la UE citadas por algunos medios, la Comisión no parece que vaya a anunciar ninguna medida legal contra las autoridades galas, aunque sí que reclamará más información sobre las expulsiones.
Francia sigue adelante con su política migratoria
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional francesa se debate desde ayer la reforma de la ley de inmigración, que incluye propuestas como la de retirar la nacionalidad francesa a aquellas personas que cometan ciertos delitos (como el de atentar contra la vida de un gendarme o un policía) y establece disposiciones para facilitar la expulsiones de ciudadanos comunitarios.
Además, Francia también prevé poner en marcha en los próximos días un dispositivo, denominado Oscar, con el que controlar las ayudas al retorno voluntario que reciben los extranjeros expulsados de Francia, pues el gobierno galo tiene la sospecha de que en muchas ocasiones los extranjeros que ya han recibido una ayuda para volver a sus países, retornan a Francia para que se la concedan de nuevo. Esta ayuda consiste en 300 euros por adulto y 100 por niño, además del pago del billete de avión para el transporte.
Desde hace un año existía ya una versión previa de este dispositivo, pero consistía en un fichero de datos, por lo que para los extranjeros les resultaba fácil engañar a las autoridades francesas empleando identidades falsas. La nueva versión controla las ayudas concedidas a través de la huella dactilar de los extranjeros que abandonen Francia. Según el diario Le Monde, el año pasado se habrían expedido más de 15.000 ayudas para el retorno voluntario, lo que supondría un coste total de nueve millones de euros.
La prensa internacional, contra Sarkozy
Por otra parte, la prensa internacional se ha hecho eco sobre la acciones llevadas a cabo este verano por el gobierno galo en materia de inmigración y muchas publicaciones han empezado a criticar duramente la política del presidente del país, Nicolas Sarkozy. La última en hacerlo ha sido el semanario norteamericano Newsweek, que en su portada del número para la próxima semana retrata a Sarkozy como el líder de un ascenso de la “nueva derecha extrema” europea.
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