El presidente Santos, investigado por una veintena de denuncias
La sombra de la corrupción planea sobre la clase política colombiana. Las denuncias han provocado que altos cargos sean investigados, incluyendo al actual presidente del país, Juan Manuel Santos.
El mandatario podría ser investigado por la Fiscalía y la Procuraduría por al menos una veintena de denuncias que fueron interpuestas durante su época como ministro de Defensa, según ha informado el secretario de la Comisión de Acusaciones del Congreso, Gonzalo Pinzón.
en la selva de Angostura, en Ecuador, en el que murieron 25 personas, incluido el entonces número dos de la guerrilla, Raúl Reyes. Este hecho propició la ruptura de relaciones bilaterales al ser interpretado por el país andino como una violación de su soberanía.
Sin embargo, desde que Santos fuera investido presidente, el pasado 7 de agosto, su homólogo ecuatoriano, Rafael Correa, ha aceptado iniciar un diálogo para el restablecimiento de los vínculos bilaterales a cambio de recibir toda la información relacionada con el bombardeo, así como la contenida en los ordenadores de Reyes.
Además, se investigarán también la orden de detención del periodista Holman Morris tras la liberación de unos rehenes de las FARC; unas declaraciones que realizó en contra del presidente de Venezuela, Hugo Chávez; y el uso de un helicóptero militar para pasear a sus hijos, según informó RCN Radio.
Pero este no es el único caso, la Fiscalía de Colombia ha solicitado también una investigación preliminar contra el ex presidente Ernesto Samper (1994-1998) y varios funcionarios de su administración para determinar su implicación en el asesinato del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de los más críticos con su gestión.
El Ministerio Público ordenó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes indagar también acerca de la participación en estos hechos del ex ministro de Interior y actual gobernador del departamento de Santander, Horacio Serpa, y de los ex fiscales Alfonso Valdivieso y Alfonso Gómez Méndez.
La medida obedece al testimonio de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, ex jefe del cártel del Norte del Valle, quien aseguró que dichas personas participaron en el asesinato del político colombiano, según informó el diario El Espectador.
Álvaro Gómez Hurtado fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 a su salida de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, donde impartía clase de Historia Política y Constitucional de Colombia, por un grupo de sicarios que le dispararon desde la motocicleta en la que viajaban.
Condenas
Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia de Colombia condenó a 90 meses de prisión al ex diputado Miguel Ángel Rangel Sosa por sus nexos con algunos jefes paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
La Sala Penal del Supremo condenó a Rangel Sosa por el “delito de concierto para promover grupos armados al margen de la ley” por sus vínculos con los paramilitares, tras comprobar que el ex legislador pactó con miembros de los bloques de Montes de María y Norte de las AUC para ganar los comicios de 2002 y ocupar un escaño en el Congreso representando al departamento de Bolívar (norte).
En una declaración ante un tribunal, el ex cabecilla de las autodefensas, Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, explicó que tenían la orden de respaldar a otro candidato en los comicios de 2002, pero finalmente decidieron apoyar a Rangel Sosa, hecho que provocó una fuerte confrontación en el sur de Bolívar.
Rangel Sosa, que se encuentra detenido en la cárcel La Picota de Bogotá, deberá pasar siete años y medio en prisión y pagar una multa de 334 millones de pesos (141.000 euros). Su abogado, Iván Cancino, dijo que respetarán la decisión del Supremo, aunque consideró que durante el juicio quedó demostrado que su cliente no mantuvo nexos con las AUC.
Casi un centenar de congresistas colombianos han sido investigados en los últimos dos años dentro de la causa conocida como la parapolítica. Unos 30 legisladores se encuentran detenidos, de los cuales 20 ya han sido condenados. El Supremo adelanta además investigaciones contra más de 400 funcionarios (entre los que figuran alcaldes y concejales) que también podrían haber alcanzado acuerdos con los paramilitares.
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