Martes 28 de Septiembre de 2021Actualizado 12:34

El 10 de septiembre de 2010

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Francia hace oídos sordos a la UE y seguirá con las expulsiones

El ministro galo de Inmigración ha anunciado que su gobierno seguirá con su política migratoria. Con motivo de la polémica, Besson se ha reunido con ministro rumano de Exteriores.

Eric Besson

Redacción

Las polémicas expulsiones de inmigrantes indocumentados de etnia gitana que está realizando el gobierno francés de Nicolas Sarkozy están lejos de desaparecer. El Ejecutivo galo hace oídos sordos a la petición del Parlamento Europeo de que suspendiera las expulsiones y confirma su intención de seguir con las expulsiones.

Así lo ha manifestado el ministro de Inmigración francés, Eric Besson, quien ha dicho que su gobierno seguirá adelante con las expulsiones de los extranjeros que se encuentran en su territorio de forma irregular y ha denunciado la “proliferación de mentiras y caricaturas” que ha provocado la condena del Parlamento Europeo.

El ministro de Inmigración, a través de un comunicado, señaló que “Francia no ha tomado ninguna medida específica contra los gitanos”. “Los gitanos no son considerados como tales, sino como ciudadanos del país del cual poseen la nacionalidad. El trato reservado a estas personas no tiene ninguna relación con su pertenencia real o supuesta a la comunidad gitana”, señaló.

Besson insistió en que “Francia no está aplicando ninguna expulsión colectiva”. “Cada decisión se toma después de examinar cada caso individual, bajo el control de un juez”, explicó, al tiempo que recordó que “las personas que han decidido coger los vuelos fletados especialmente lo han hecho de manera voluntaria”.

Según Besson, los retornos voluntarios representan el 75%del número total de personas enviadas a su país de origen desde Francia.

Por otro lado, el ministro sostuvo que “Francia es un Estado de Derecho” y que “las medidas de evacuación de terrenos públicos y privados ocupados de forma ilegal constituyen la aplicación de decisiones judiciales”. “Francia no puede aceptar que se multipliquen en su territorio las ocupaciones ilícitas de terrenos y que se constituyan verdaderas zona sin ley”, manifestó.

Las operaciones de evacuación han llevado a la detención de varios ciudadanos extranjeros, según indicó Besson, que añadió que con los detenidos se han aplicado los procedimientos previstos por las reglas internacionales y europeas, así como por la legislación francesa. “Francia continuará aplicando las reglas internacionales y europeas, así como sus propias leyes y decisiones judiciales”, afirmó el ministro.

Besson dijo que Francia acepta que sus ciudadanos que se encuentran en otros países de la Unión Europea sin respetar las condiciones de permanencia fijadas por la regulación europea sean reenviados, de manera voluntaria o forzosa, de la misma forma que “los ciudadanos europeos que se encuentren en su territorio sin respetar esas condiciones seguirán siendo reconducidos a sus países de origen de manera voluntaria o forzosa, independientemente de su origen étnico o su nacionalidad”.

“Francia lamenta las caricaturas e intentos de instrumentalización de su acción, que alimentan el riesgo de estigmatización de esta población”, añadió.

Viaje a Rumanía

Con el objetivo de callar las voces críticas, el propio Besson ha viajado a Rumanía donde se ha reunido con el ministro de Exteriores rumano, Teodor Baconschi. De esta manera quiere demostrar que Francia y Rumanía se han puesto de acuerdo para “poner fin a las estériles polémicas” sobre las expulsiones de gitanos.

“Quienes hoy esperaban un combate entre Francia y Rumanía quedarán decepcionados”, aseguró Besson, alabando el espíritu constructivo de la reunión diplomática. El ministro francés y su colega Pierre Lellouche, titular de Asuntos Europeos, realizaron este jueves una visita de un día a Bucarest, donde defendieron la controvertida política de expulsión de gitanos de su Gobierno.

En lo que va de 2010, Francia ha expulsado de su territorio a más de 8.000 rumanos y búlgaros que habían emigrado al país galo. Sin embargo, el gobierno galo asegura que se trata de una política de “incentivos” al retorno. Cada inmigrante irregular recibe 300 euros como “ayuda” personal.
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