Uribe, denunciado por un grupo de abogados
La calma no va a acompañar a Álvaro Uribe en sus primeros meses como ex presidente de Colombia. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo ha presentado una denuncia contra el ex mandatario colombiano por traición a la patria, prevaricación y abuso de autoridad por ceder a Estados Unidos la utilización de siete bases militares colombianas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico.
La denuncia, presentada ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes,
está firmada por 500 personas que demandaron también a los ex ministros de Exteriores, Jaime Bermúdez; de Defensa, Gabriel Silva Luján; y de Interior, Fabio Valencia Cossio, por los mismo hechos.
Los letrados consideran que el acuerdo alcanzado entre Bogotá y Washington vulnera la soberanía del país, así como la separación de poderes del Estado, ya que el Gobierno no sometió a votación en el Congreso la aprobación de dicho documento, tal y como finalmente dictaminó la Corte Constitucional.
“Dicho acuerdo compromete la soberanía nacional al establecer la cesión de porciones considerables y estratégicas del territorio, el espacio aéreo y marítimo y del espectro electromagnético a favor de Estados Unidos”
, esgrimieron los juristas cuando anunciaron su intención de denunciar a los ex funcionarios.
En este sentido, Luis Guillermo Pérez, miembro de dicho colectivo, explicó que el acuerdo suscrito entre ambas naciones no solo autorizaba a Estados Unidos a utilizar siete bases colombianas sino a que el personal desplegado en ellas (800 militares y 600 contratistas civiles) haga uso libre de las comunicaciones y del espacio aéreo de las mismas, así como a gozar de la inmunidad diplomática.
Los letrados esgrimieron el ejemplo de Ecuador, donde hasta hace menos de un año Estados Unidos operaba en la base de Manta. Según indicaron, el gobierno estadounidense aprovechó su presencia militar para interferir en los asuntos internos de la nación andina, lo que derivó en un aumento de las violaciones de Derechos Humanos.
Continúa la violencia
Mientras, en Colombia, la violencia sigue siendo uno de los mayores problemas a los que tiene que hacer frente el nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Al menos 18 miembros del Ejército y de la Policía colombiana perdieron la vida en tres ataques perpetrados por diferentes grupos guerrilleros en apenas 48 horas, entre el miércoles y el jueves.
Estos ataques suponen el primer golpe contra las fuerzas armadas desde que Juan Manuel Santos asumiera la presidencia del país.
En la zona rural de El Dondello, en el departamento de Caquetá (sur), catorce agentes de Policía murieron el miércoles como consecuencia de una emboscada atribuida a las FARC. Las autoridades habían informado en un principio de la muerte de cinco agentes, pero el jueves elevaron la cifra.
“Había unos policías que estaban replegados tras el ataque y cuando se establece el parte verdadero encontramos que eran catorce”, puntualizó el Director de Carabineros, el general Santiago Parra Rubiano. En el ataque resultaron heridos otros siete agentes que han sido trasladados a diferentes hospitales.
Las víctimas eran policías de un Escuadrón Móvil de Carabineros que fue sorprendido por supuestos integrantes del Frente 15 de las FARC. “Fueron asesinados con tiros de gracia y luego fueron rociados con gasolina”, relató el general Parra, quien aseguró que continuarán trabajando para dar con el paradero de los responsables del ataque. “Es un acto de barbarie de las FARC contra la Fuerza Pública”, agregó el general.
Por otro lado, el jueves dos efectivos del Ejército murieron en el municipio de Ábrego, departamento de Norte de Santander (norte), después de adentrarse en un campo minado que fue activado por el grupo Libardo Mora del Ejército Popular de Liberación (EPL), según las autoridades. En el incidente resultó herido otro soldado.
En un tercer atentado, registrado también el jueves en una carretera que une los municipios de Pasto y Tumaco, en el departamento de Nariño (suroeste), fallecieron otros dos soldados que acudían a investigar una denuncia sobre la supuesta existencia de una carga explosiva junto a la calzada. El ataque, en el que han resultado heridos otros cuatro militares, ha sido atribuido por las autoridades al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La acusación de las FARC
Pero este no es el único reto del Ejecutivo de Santos. Además, el nuevo gobierno también tiene que hacer frente a la última acusación de las FARC, que podría poner en peligro sus relaciones con Ecuador (las cuales podrían ser retomadas en un breve período de tiempo dada la disposición de los dos gobiernos).
Raúl Ruiz, el portavoz del Frente 48 de las FARC ha acusado a Bogotá y a Washington de asesinar a un soldado ecuatoriano en un operativo conjunto que se llevó a cabo en agosto a orillas del río Putumayo.
El cadáver del miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Álvaro Manobanda, de 20 años de edad, fue hallado a mediados del mes de agosto en el sector conocido como El Palmar con nueve disparos, lo que llevó a pensar a las autoridades que había sido sorprendido por la guerrilla, que también está presente en el país andino por la permeabilidad de la frontera, informó Caracol Radio.
Sin embargo, Ruiz desmintió en una entrevista concedida a Teleamazonas que este crimen fuera obra del grupo al que pertenece, a quien según indicó, “le interesa tener relaciones fraternales con sus vecinos”, y acusó directamente a Colombia y Estados Unidos de la muerte del joven soldado. “Consideramos que fue la inteligencia colombiana con la asesoría de la embajada norteamericana”, apuntó.
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