El 1 de septiembre de 2010
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Francia defiende la legalidad de las expulsiones ante la UE
El Ministro de la Inmigración explicó a varios comisarios europeos la política de seguridad de Francia y defendió que la libre circulación debería limitarse a algunas comunidades.
Redacción
El Ministro de la Inmigración francés, Éric Besson, y el Secretario de Estado para los Asuntos Europeos, Pierre Lellouche, acudieron ayer a Bruselas para explicar ante un grupo de comisarios europeos la política de seguridad que está llevando a cabo Francia y que incluye la polémica medida de las expulsiones masivas de gitanos. Entre sus interlocutores estuvieron las comisarias europeas de Interior y Justicia, Cecilia Malmstrom y Viviane Reding.
Durante el encuentro, Besson defendió que las expulsiones eran compatibles con el derecho comunitario y con “los valores de la República” y sostuvo que libertad de circulación de la que gozan los ciudadanos comunitarios dentro de la Unión Europea (UE) no puede ser “incondicional”, según recoge El País. “El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y en particular, el tráfico de seres humanos”, dijo el titular de Inmigración.
Por otra parte, insistió en que la integración de los ciudadanos es “responsabilidad propia de cada Estado de la UE”, haciendo así referencia a que es cosa de Rumanía el encargarse de los gitanos expulsados de Francia, como ya reclamó el gobierno francés en la reunión que mantuvo hace una semana con dos secretarios de Estado rumanos.
Besson también defendió que durante los procesos de expulsiones se ha evaluado caso por caso y no se han realizado “expulsiones masivas” y mostró su disposición para dialogar con la UE sobre la integración de los gitanos y “movilizar la solidaridad” de los Estados miembros.
La justicia pone en duda la legalidad de las medidas
Mientras tanto, las críticas y la oposición a las medidas de Francia siguen sucediéndose. Una de las últimas noticias ha sido la decisión de un tribunal galo que ha anulado siete órdenes de expulsión de gitanos. Ha sido en la ciudad de Lille, al norte de París. Los romaníes recibieron una orden de expulsión por haber ocupado de manera ilegal un terreno privado. Pero el tribunal administrativo de Lille determinó que esa no era razón suficiente para decretar su expulsión, pues un delito de ese tipo normalmente no acarrea otro castigo que el pago de una multa.
Según mantuvo en una entrevista al diario Le Monde el abogado de estos ciudadanos, Norbert Clément, la mitad de las expulsiones que se han realizado desde el 29 de julio serían ilegales, especialmente aquellas impuestas a personas que habían residido menos de tres meses en Francia.”Estoy convencido de que la mayoría de las detenciones son justificadas por motivos que no son tales”, decía en la entrevista Clément.
Por otra parte, desde España un grupo de abogados y especialistas en Derecho del Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales (Intermigra), ha denunciado que las expulsiones de romaníes de Francia tienen “elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”. Desde Intermigra se muestran sorprendidos de que sea Francia el país que tome una decisión así, tanto por su tradición como país de acogida de inmigrantes como por el hecho de que el presidente, Nicolas Sarkozy, es hijo de inmigrante.
Defienden que la cuestión de la inmigración de romaníes “tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés”.
Durante el encuentro, Besson defendió que las expulsiones eran compatibles con el derecho comunitario y con “los valores de la República” y sostuvo que libertad de circulación de la que gozan los ciudadanos comunitarios dentro de la Unión Europea (UE) no puede ser “incondicional”, según recoge El País. “El logro europeo de la libertad de circulación es extraordinario, pero no puede ser incondicional ni un pretexto para la realización de actividades ilícitas, y en particular, el tráfico de seres humanos”, dijo el titular de Inmigración.Por otra parte, insistió en que la integración de los ciudadanos es “responsabilidad propia de cada Estado de la UE”, haciendo así referencia a que es cosa de Rumanía el encargarse de los gitanos expulsados de Francia, como ya reclamó el gobierno francés en la reunión que mantuvo hace una semana con dos secretarios de Estado rumanos.
Besson también defendió que durante los procesos de expulsiones se ha evaluado caso por caso y no se han realizado “expulsiones masivas” y mostró su disposición para dialogar con la UE sobre la integración de los gitanos y “movilizar la solidaridad” de los Estados miembros.
La justicia pone en duda la legalidad de las medidas
Mientras tanto, las críticas y la oposición a las medidas de Francia siguen sucediéndose. Una de las últimas noticias ha sido la decisión de un tribunal galo que ha anulado siete órdenes de expulsión de gitanos. Ha sido en la ciudad de Lille, al norte de París. Los romaníes recibieron una orden de expulsión por haber ocupado de manera ilegal un terreno privado. Pero el tribunal administrativo de Lille determinó que esa no era razón suficiente para decretar su expulsión, pues un delito de ese tipo normalmente no acarrea otro castigo que el pago de una multa.
Según mantuvo en una entrevista al diario Le Monde el abogado de estos ciudadanos, Norbert Clément, la mitad de las expulsiones que se han realizado desde el 29 de julio serían ilegales, especialmente aquellas impuestas a personas que habían residido menos de tres meses en Francia.”Estoy convencido de que la mayoría de las detenciones son justificadas por motivos que no son tales”, decía en la entrevista Clément.
Por otra parte, desde España un grupo de abogados y especialistas en Derecho del Seminario Permanente sobre Migraciones Internacionales (Intermigra), ha denunciado que las expulsiones de romaníes de Francia tienen “elevadas dosis de racismo no exentas de xenofobia”. Desde Intermigra se muestran sorprendidos de que sea Francia el país que tome una decisión así, tanto por su tradición como país de acogida de inmigrantes como por el hecho de que el presidente, Nicolas Sarkozy, es hijo de inmigrante.
Defienden que la cuestión de la inmigración de romaníes “tiene una dimensión europea y debe ser abordado desde ese enfoque global coordinado; pero ello no puede servir de excusa para el ilegal comportamiento del Estado francés”.
