Francia continúa repatriando gitanos pese a las críticas de la UE

A pesar de las críticas que está recibiendo la decisión del Gobierno francés de desmantelar 300 campamentos de gitanos y expulsar del país a los ciudadanos rumanos y búlgaros residentes de manera irregular en Francia, el país galo sigue adelante con sus planes.

Hasta ahora las críticas a estas medidas procedían principalmente de la oposición política, los medios de comunicación y las organizaciones pro derechos humanos, aunque también empezaban a verse disensiones dentro de la derecha política y las Naciones Unidas (ONU) había advertido de los riesgos que una medida de este tipo podía implicar en cuestión de estigmatización de la población inmigrante.

Sin embargo, desde la Unión Europea (UE), que en un principio se había mantenido al margen, defendiendo que eran decisiones que solo dependían de Francia, se ha empezado a denunciar que se opte por las expulsiones en lugar de la integración de los inmigrantes y, en concreto, de los gitanos, algo que se contempla desde el Consejo de Europa.

De hecho, el mismo Ejecutivo francés reclamó a Rumanía que “se implique más” en la integración de los grupos de gitanos que ya habitan en su país y de los que se están repatriando desde Francia. La demanda se produjo en el marco de la reunión que tuvo lugar hace unos días entre miembros del Gobierno francés y dos secretarios de Estado rumanos, unos días después de que el primer ministro francés, François Fillon, pidiera en una carta a la Comisión Europea que se asegurara de que Rumanía empleaba adecuadamente los fondos de la UE destinados a la integración de los gitanos.

En un comunicado del 24 de agosto de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), el Consejo Europeo muestra su “profunda” preocupación por la situación de los gitanos procedentes de Europa del Este en Francia. Según este comunicado, el pasado mes de junio el ECRI le pidió a las “autoridades francesas que combatiera las actitudes racistas y la hostilidad” de la mayoría de la población de cara a esta comunidad. Sin embargo, Francia decidió en julio “tomar medidas políticas […] estigmatizando los inmigrantes del Este de Europa”.

El ECRI denuncia que en 2005 le pidió a Francia asegurar a esta comunidad ciertos derechos relacionados con la vivienda, la salud y la educación, pero en 2010 muchas de estas personas “todavía viven en condiciones miserables”.

Otro comunicado de la Comisión Europea recuerda que la población romaní son ciudadanos europeos y que, por tanto “tienen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano de la UE”. Además, señala que existen directrices europeas orientadas a la integración de esta comunidad en sus países de residencia, incluyendo medidas contra la pobreza, la discriminación, las barreras laborales o los escasos logros escolares. La Comisión dedica fondos para desarrollar proyectos con estos objetivos, que son aplicados a nivel nacional.

Sin embargo, ni las advertencias europeas ni las críticas políticas están haciendo que el Gobierno francés cambie de opinión. El presidente, Nicolas Sarkozy, no parece que vaya cambiar su política de expulsiones masivas y opte por un discurso sobre la integración de las minorías. De hecho, ayer mismo, un grupo de casi 300 personas de etnia gitana salían de Francia rumbo a Bulgaria. Según El País, quien informa de esta nueva repatriación, se habría alcanzado ya la cifra de 8.131 gitanos romaníes expulsados de Francia en lo que va de año, algo menos aún de los 9.875 que fueron expulsados el año pasado, según el diario español.