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El 27 de agosto de 2010

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La secretaria de Cooperación responde a Sarkozy

Soraya Rodríguez defiende la gestión española en la liberación de Roque Pasqual y Albert Vilalta, ante las críticas del mandatario francés.

Sarkozy

Redacción

La liberación de Roque Pasqual y Albert Vilalta, los dos cooperantes españoles secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), parece haber despertado una polémica en la clase política internacional.

Las críticas recibidas por el gobierno español, debido a la gestión de la liberación y el posible pago de un rescate, han sido varias, sin embargo, una de las más importantes ha sido la realizada por el presidente de Francia Nicolas Sarkozy.

Sarkozy aseguró que pagar rescates o acordar la liberación de prisioneros no puede ser la “única estrategia” para conseguir la liberación de rehenes retenidos por AQMI. “La única estrategia no debe consistir en pagar rescates y acceder a liberar prisioneros a cambio de desafortunados inocentes”, afirmó Sarkozy en un discurso durante una cumbre de embajadores galos.

Asimismo, el presidente francés calificó de “decisiva” la operación emprendida a finales de julio por las fuerzas galas y mauritanas para tratar de liberar al rehén Michel Germaneau, retenido por AQMI. Tres días más tarde de este operativo, el 25 de julio, los milicianos islamistas anunciaron la ejecución de Germaneau, lo que según Sarkozy demuestra la “barbarie” de la facción de Al Qaeda.

Sin embargo, desde España se sigue defendiendo la gestión realizada para la liberación de los dos cooperantes catalanes. Así, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, ha replicado que las gestiones diplomáticas y de Inteligencia han sido las que han permitido que seis de los siete europeos secuestrados por AQMI hayan sido liberados.

En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha insistido en que el Gobierno ha trabajado “desde el primer minuto a través de todo tipo de gestiones diplomáticas y de Inteligencia con los gobiernos de la zona y los gobiernos europeos para hacer lo que todo gobierno hace cuando la vida y la integridad de sus nacionales está en juego: trabajar para garantizar su seguridad y en este caso conseguir su regreso a su casa lo antes posible”.

En cuanto al supuesto pago de un rescate y las críticas que este hecho ha suscitado, la secretaria de Estado insistió en que el Ejecutivo ha realizado en todo momento “las gestiones necesarias con los gobiernos de la zona y los gobiernos europeos para conseguir el objetivo de garantizar la seguridad y de que volvieran cuanto antes a su casa, como así han estado trabajando otros gobiernos europeos”.

“Así hemos conseguido que de siete europeos secuestrados seis hayan podido regresar a su casa y lamentablemente uno haya sido asesinado”, ha incidido Rodríguez, en referencia al caso del rehén francés.

El futuro de la ayuda, en peligro

Por otro lado, la secretaria de Estado ha insistido en pedir que “de forma inmediata y ante una situación de inseguridad y de alerta y riesgo de secuestro de occidentales en la zona del Sahel, determinadas actividades de voluntariado que se han producido en el pasado ahora ya no deberían realizarse porque indudablemente incrementan el riesgo”.

En opinión de Rodríguez, “el objetivo que tienen de trasladar fundamentalmente material a proyectos u ONG locales que trabajan en países africanos se puede conseguir por medios mucho más seguros”.

Rodríguez ha señalado que el Gobierno pone “a disposición de todas estas ONG” que llevan a cabo caravanas solidarias y recogen durante el año material para ello, “toda la infraestructura que la Cooperación española tiene en África, y África Occidental de forma muy importante”.

En este sentido, ha aclarado que esta infraestructura, pese a lo ocurrido, se va a seguir manteniendo “porque la Cooperación seguirá trabajando para que algunas actividades, como son las caravanas solidarias, desde luego no se realicen y se consiga el mismo objetivo con procedimientos mucho más seguros y mucho más rápidos”.

Estas declaraciones coinciden con las palabras del presidente de Malaui, Bingu wa Mutharika, que hacen peligrar la ayuda humanitaria a dicho país africano.

El mandatario ha amenazado con expulsar a los cooperantes y cerrar periódicos por haber informado de que más de un millón de personas necesitan ayuda alimentaria. “Me veré obligado a cerrar vuestros periódicos y si cualquier donante se atreve a decir algo, entonces podéis marcharos”, declaró.

Wa Mutharika desmiente el estudio de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC) que ha sido publicado por un diario local y según el cual Malaui se enfrenta a una crisis alimentaria a causa de los malos cultivos.

El dirigente malauí amenaza a los donantes que apoyen a los medios que recojan dichas informaciones. “Estoy cansado. Este país no está dirigido por vosotros, los donantes o periódicos de este país. Este país está dirigido por mí”, subrayó.

El informe de la SADC cuenta con el aval del departamento británico de desarrollo exterior. La SADC, que se alimenta sobre todo de ayudas de países occidentales, pone en duda la idoneidad del plan para exportar 300.000 toneladas de maíz a Zimbabue este año.

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