Martes 21 de Septiembre de 2021Actualizado 22:59

San Mateo 21 dos columnas
El 30 de julio de 2010

Tiempo de lectura: 01:49
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“Es injusta la presentación de una imagen estigmatizada de toda una comunidad”

FSG denuncia así la decisión de Francia de expulsar de su territorio a 300 gitanos, al igual que otras asociaciones. La Comisión Europea rechaza intervenir.

Niño gitano

Redacción

Tras el anuncio de que Francia va a expulsar a 300 personas de etnia gitana y de Europa del Este, varias asociaciones y organizaciones se han manifestado en contra de que las expulsiones se produzcan de forma masiva y que se actúe contra toda una comunidad. La mayor parte de las quejas  se han producido porque consideran que de esta manera se está estigmatizando a colectivos enteros, al no tener en cuenta a las personas de forma individual, sino como miembros de una comunidad.

A este respecto, la Fundación Secretariado Gitano (FSG) ha señalado que “las acciones ilegales las cometen las personas de manera individual” y, que, por tanto, con estas acciones lo que se consigue es reforzar “los estereotipos negativos que ya existen sobre la comunidad gitana”. Una de las razones que habría motivado esta decisión de varios ministros franceses, con la iniciativa del presidente Nicolas Sarkozy, serían los enfrentamientos que tuvieron lugar hace unas semanas entre un grupo de jóvenes de origen gitano y la policía francesa.

La asociación española FSG, que vela por el “desarrollo de la comunidad gitana” en territorio español y europeo, ha pedido a la Comisión Europea que tomara medidas para frenar los planes de Francia “denunciando estos hechos e impulsando la implementación de medidas políticas para avanzar en la inclusión social de la población gitana en la UE”. Pero la Comisión ha respondido que ese tipo de decisiones son competencia de los gobiernos nacionales y ha pedido, únicamente, que las expulsiones, que según París serían impuestas a los ciudadanos gitanos no franceses que hubieran cometido algún delito, se realicen de forma “proporcional” y examinando “cada caso”.

Por su parte, Amnistía Internacional , ha reclamado a Francia que respeten el Derecho Internacional cuando realice los desalojos. Para la responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la organización, Marta Mendiola, las expulsiones son el último recurso, y sólo debería producirse cuando “se haya consultado con todas las personas residentes afectadas y en el momento en el que se le ha ofrecido alojamiento alternativo adecuado”. Mendiola también ha mostrado preocupación por la estigmatización que supone una acción de este tipo. Considera que de esta manera Francia se posiciona "en contra las personas romaníes y nómadas, perpetuando claramente los estereotipos negativos".

Si nada cambia en Francia, pronto empezará la evacuación cien asentamientos gitanos y, con ellos, 300 personas serían expulsadas, de las cuales 150 deberán abandonar Francia en los próximos tres meses.
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