Más medidas contra los inmigrantes sin papeles

Nuevamente una localidad de Estados Unidos aprueba una normativa de inmigración cuestionable. Tras la polémica surgida por la conocida como Ley Arizona, ahora le toca el turno a una población del estado de Nebraska, Fremont, la cual ha aprobado una propuesta que prohíbe alquilar propiedades a inmigrantes irregulares.

Un 57% de los ciudadanos de Fremont, una localidad de unos 25.000 habitantes, aprobaron en referéndum esta propuesta, que a partir de ahora capacita a las autoridades locales a revisar si cualquier inquilino extranjero de la ciudad se encuentra en el país de forma legal.

Los defensores de esta medida niegan que esté motivada por sentimientos racistas,

sino que sostienen que es su forma de defenderse frente a la escasez de fondos con que les provee el Gobierno federal para lidiar con el problema de la inmigración irregular, en este caso dificultando que ningún extranjero sin los papeles en reglas se instale en la ciudad.

Revisión de la Ley Arizona

La aprobación de esta medida ha tenido lugar en un momento en que la legislación en materia de inmigración, tras la polémica ley aprobada en Arizona, se perfila como uno de los temas estrella de las próximas elecciones legislativas de noviembre.

El principal detonante del debate migratorio en Estados Unidos fue la aprobación de la nueva ley de inmigración en Arizona, que facilita la detención y expulsión de extranjeros del estado. Esta ley ha sido calificada de racista por numerosos gobiernos latinoamericanos y por muchos grupos de latinos residentes en Estados Unidos, que consideran que la ley está específicamente diseñada contra los inmigrantes latinos de Arizona, la gran mayoría de ellos ciudadanos mexicanos.

Los detractores de la norma consideran que esta ley bordea los límites constitucionales al permitir a la Policía, entre otras cosas, detener a personas que no lleven la acreditación encima por el único motivo de sospechar de que estos individuos sean extranjeros que se encuentran en situación irregular. Esta ley, que podría posibilitar que se segmentara a la población en función de su origen étnico, será recurrida por el Gobierno estadounidense.

Sin embargo, los defensores de la norma, que se quejan de que el Gobierno federal no les provee de suficientes recursos para combatir la inmigración irregular, niegan cualquier motivación racista, y sostienen que la ley es necesaria para combatir el auge de la criminalidad en Arizona, de la que culpan a los extranjeros.

Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa evaluando la posible impugnación de la polémica Ley Arizona, según ha señalado un portavoz del Departamento de Justicia estadounidense, Matthew Miller.

En una entrevista concedida a la cadena NTN24 durante su visita a Ecuador el pasado 8 de junio, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, informó que el presidente Barack Obama había ordenado al Departamento de Justicia presentar una impugnación contra dicha ley, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de julio.

Según Clinton, el mandatario estadounidense cree que los estados no deben aprobar leyes que puedan diferir de las políticas adoptadas por el Gobierno federal y el Congreso. “El presidente Obama ha hablado contra la ley porque piensa que el Gobierno federal debería determinar la política de inmigración”, indicó la secretaria de Estado durante la entrevista, cuya transcripción ha sido publicada en la web del Departamento de Estado.

“El Departamento de Justicia, bajo su dirección, presentará una demanda contra la ley”, dijo Clinton a NTN24. Sin embargo, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Justicia se a confirmar o desmentir esta información. “El departamento sigue revisando la ley”, se limitó a señalar Miller.

Mientras, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, se ha declarado “sorprendida” y “enfadada” con Clinton,

después de estas declaraciones. Brewer manifestaba su enfado a través de un comunicado, no sólo por la intención del Ejecutivo de tratar de impugnar una ley sancionada por ella misma, sino también porque la gobernadora no tuvo conocimiento hasta el pasado jueves del contenido de dicha entrevista, que tuvo lugar el pasado 8 de junio.

“Saber de este intento de impugnación a través de una entrevista de la secretaria de Estado con una cadena ecuatoriana es simplemente escandaloso”,

afirmó Brewer en un comunicado recogido por la cadena CNN. “Si nuestro propio Gobierno intenta torpedear los esfuerzos de Arizona por combatir la inmigración ilegal, al menos podría informarnos a nosotros antes que a los ciudadanos de otro país”, añadió.