Lunes 2 de Agosto de 2021Actualizado 22:09

El 15 de junio de 2010

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Israel pone en marcha su propia comisión investigadora

El primer ministro israelí afirma que esta decisión refleja la actuación legal, responsable y transparente de su Estado. El relator especial de la ONU considera los boicots y las sanciones contra Israel.

benjamin netanyahu

Redacción

Las críticas internacionales por la operación de la Marina israelí han tenido consecuencias dentro del propio gobierno de Israel. El Ejecutivo israelí ha decidido aprobar por unanimidad la propuesta del primer ministro, Benjamín Netanyahu, para la creación de una comisión de investigación sobre el incidente con la flotilla humanitaria que estará integrada por tres israelíes y dos observadores internacionales, el Nobel de la Paz norirlandés David Trimble y el jurista y militar canadiense Ken Watkin, que no tendrán capacidad de voto. La Casa Blanca ha acogido favorablemente el anuncio, pero Turquía, país de origen de los nueve activistas muertos en el asalto militar israelí, considera que la investigación será “sesgada”.


“La decisión del Gobierno dejará claro al mundo que Israel actúa legal y responsablemente y con completa transparencia”, afirmó Netanyahu durante la reunión del gabinete en la que se aprobó su propuesta. Sin embargo, también reconoció tácitamente que ha recibido presiones. “Deberemos pagar un precio, pero en las presentes circunstancias es nuestra mejor opción”.


El objeto de la comisión, que no tiene una fecha límite establecida para la presentación de sus conclusiones, es determinar si las medidas adoptadas por Israel para impedir la llegada de la flotilla a la Franja de Gaza “y otras cuestiones vinculadas” están en consonancia con la legalidad internacional.


También indagará en las condiciones de seguridad que llevaron al establecimiento del bloqueo marítimo y en las acciones e identidades de los integrantes de la Flotilla de la Libertad.


El comité, según recoge expresamente el decreto de su creación, podrá entrevistar (también a puerta cerrada) a cualquier persona de cualquier organización, incluidos el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. Sin embargo, en lo que respecta a las declaraciones de los soldados, la comisión sólo podrá acceder a sus testimonios a través de los documentos de la investigación interna ya abierta por el Ejército y que aborda cuestiones meramente operativas.


Además, matiza que los testimonios que recoja la comisión no podrán ser utilizados en ningún tipo de proceso judicial contra los implicados en el incidente.


Israel plantea así una comisión de investigación propia como respuesta a la propuesta del 5 de mayo del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, que sugirió un organismo presidido por el ex primer ministro neozelandés Geoffrey Palmer y que contaría con dos vicepresidentes, uno israelí y otro turco. La comisión Palmer satisfaría la demanda de “una investigación rápida, imparcial, creíble y transparente” manifestada por el Consejo de Seguridad de la ONU al día siguiente del abordaje israelí contra la flotilla.


Sin embargo, el núcleo de la comisión israelí de investigación estará conformado por su presidente, el ex juez Jacob Turkel, y otros dos israelíes más, un antiguo diplomático y profesor de Derecho Internacional, Shabtai Rosen, y un general de brigada retirado del Ejército israelí, Amos Horev. El contrapeso deberían ponerlo los dos observadores internacionales, Trimble y Watkin, que, sin embargo, no cuentan con derecho a voto.


Llamamiento al boicot


Por otro lado, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las libertades fundamentales del pueblo palestino, Richard Falk, instó a considerar una campaña internacional de boicots y sanciones a Israel como una manera de presionar para que se respeten las garantías fundamentales en los territorios palestinos ocupados.
En un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Falk señaló que se deberían elaborar directivas para dicha campaña y especificó que las garantías de los palestinos deberían incluir el derecho a la autodeterminación, que peligra más que cualquier otro derecho.

El experto pidió que se estudie el impacto jurídico de la prolongada ocupación israelí, que exhibe una ambición territorial consistente.

Por otra parte, Falk aludió al incidente relacionado con la flotilla que llamó la atención sobre el continuo bloqueo de ese territorio e incrementó la presión para que se levante.

Falk advirtió, sin embargo, que la preocupación sobre esa situación ha distraído la atención sobre otros acontecimientos muy serios en Cisjordania y Jerusalén Oriental. “Los continuos asentamientos, las demoliciones de viviendas, y la construcción del muro de seguridad amenazan crecientemente la posibilidad de que se concrete el establecimiento de dos Estados”, dijo Falk.

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