La mayoría sindical de Correos asegura que el Gobierno quiere hacer una reconversión del servicio postal

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La mayoría sindical de la empresa pública Correos, con el 75 por ciento de la representación sindical, después de haber efectuado el análisis del anteproyecto de ley postal concluye que “el ejecutivo ha optado por una ley muy liberalizadora, que no incluye financiación ni plan estratégico de futuro, que da cobertura a la reestructuración de Correos y a la pérdida masiva de empleo”.

Al “recorte económico que viene padeciendo Correos, desde el tijeretazo en las inversiones de 2010 cercano al 50%, el déficit maquillado de 2 millones de euros con una empresa que se encuentra en quiebra técnica”, explicaron.

El “bloqueo del Convenio y Acuerdo desde hace más de 16 meses, una reducción de plantilla de entre el 10 y el 12%, 7.000 en los últimos años, de los que la mayor parte se han recortado desde 2008 con la excusa de la crisis económica, y la tentativa de privatización por parte del ejecutivo, se suman ahora los recortes añadidos del Plan de Ajuste del Gobierno, que parece que ha tomado la decisión de llevarse por delante a Correos”.

Para la mayoría sindical, el Gobierno, que “ni siquiera ha hecho un gesto por defender la moratoria desde la Presidencia de la UE que ostenta, ha tomado en la ley una posición claramente liberalizadora, que apuesta por el mercado en detrimento de los derechos de ciudadanía”.

El anteproyecto plantea un recorte del servicio postal universal limitando su extensión y empeorando sus condiciones de prestación, y la creación de un fondo de financiación que supone la retirada del Estado de la financiación del Servicio Público y el traslado de esa carga a los ciudadanos, usuarios y operadores, en lo que ya se puede llamar el co-pago postal.

Con esta Ley el ciudadano “pagará dos veces, vía IRPF y vía tasa (2% incremento en sellos).

Los recortes “se están notando en la provincia de La Rioja con una supresión global de 20 puestos de trabajo, a los que habrá que sumar los puestos de trabajo que se amorticen por el próximo cierre del Centro de Tratamiento Postal de Logroño.

La reposición de efectivos, anunciaron, “es prácticamente inexistente, lo que está provocando entre otros efectos, reparto irregular y falta de atención al ciudadano en las oficinas por insuficiencia de personal”.

Frente a una ley liberalizadora que, “a todas luces, trata de desembocar en una reconversión de Correos a corto plazo, la mayoría sindical continuará con el proceso de movilizaciones y con la convocatoria de huelga general en Correos en todas las provincias, el día 10 de junio”.

Con ello, exigirán, “la ampliación del servicio postal universal, su financiación íntegra por parte del estado, como contemplaba la versión protectora de la Directiva; el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias”.

Así como, “el mantenimiento del empleo en un plan estratégico que, hoy por hoy, es inexistente y Correos como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión, elementos sin los cuales, la prestación se convierte en una condena para el operador y para sus tan sólo ya 60.000 trabajadores”.

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