El 26 de abril de 2010
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Sanz pide al TC que “dé tramitación preferente” al recurso contra el blindaje del Concierto Vasco
El Presidente del Ejecutivo riojano ha entregado personalmente el recurso del Gobierno de La Rioja, en el que se solicita la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la Ley Orgánica 1/2010 .
Redacción
El Presidente de la Comunidad de La Rioja, Pedro Sanz, ha solicitado hoy al Tribunal Constitucional que “dé tramitación preferente” al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2010, por la que se blinda el Concierto Económico Vasco, “por el extraordinario perjuicio que produce a La Rioja al eliminar todos los cauces de impugnación de las normas forales de carácter fiscal con una reforma totalmente arbitraria“.
En este sentido, Pedro Sanz ha denunciado que el cambio de régimen impugnatorio “supone una merma constitucionalmente inaceptable de las garantías establecidas a favor de las personas físicas y jurídicas afectadas por las normas tributarias forales”, y es contraria al artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.
Pedro Sanz ha asegurado que este recurso es “la firme expresión de toda la sociedad riojana”, lo que se ha puesto de manifiesto con la presencia de los agentes económicos y sociales de La Rioja. En la entrega del recurso han participado los representantes de la patronal riojana y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Además, el Presidente del Ejecutivo riojano, que ha entregado personalmente en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de La Rioja, ha recordado que el Ejecutivo riojano solicita la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la citada Ley porque “el blindaje supone, en la práctica, la vulneración de principios constitucionales como la igualdad, los derechos de libertad de circulación, residencia y empresa, la unidad de mercado y la solidaridad y autonomía financiera”.
Pedro Sanz ha reiterado que el recurso del Ejecutivo riojano “no va, en ningún caso, contra el Concierto Económico Vasco, recogido en la Constitución española y que respetamos, sino contra el abuso que las Diputaciones puedan ejercer, y de hecho ejercen, en la aplicación del mismo”. Además, ha subrayado que el recurso es “contra un cambio de nuestra Constitución por la puerta de atrás y sin necesidad, porque llevamos más de 30 años conviviendo con el Concierto y se ha planteado su blindaje cuando La Rioja ha ganado numerosos recursos en los tribunales ordinarios contra el abuso en su aplicación”.
Por otra parte, el Presidente del Ejecutivo riojano ha censurado que el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cediera al “chantaje del PNV y haya sido capaz de vender La Rioja por un puñado de votos para poder aprobar los Presupuestos del Estado” con el único fin de mantenerse en el poder.
A su juicio, esta forma de actuar del Presidente del Gobierno de España demuestra una vez más “que no tiene principios ni palabra” porque, según ha explicado Pedro Sanz, en 2006 y en respuesta a una carta que él mismo le envío para que se opusiera a una proposición de Ley del PNV para blindar el Concierto Económico, Rodríguez Zapatero expresó “la firme oposición del Gobierno de España a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia, cumpliendo así con el inequívoco mandato constitucional“.
Argumentos del recurso
Otro de los argumentos jurídicos del recurso presentado por el Ejecutivo riojano es que el blindaje del Concierto Económico contraviene el artículo 106.1 de la Constitución al excluir de todo control jurisdiccional el ejercicio de la potestad en materia fiscal que tienen atribuidas las Diputaciones forales. En este sentido, se señala que una ley estatal no puede excluir de ese control normas de carácter reglamentario, como son las emanadas de los Territorios Históricos vascos, porque la Constitución no lo permite.
Para el Gobierno de La Rioja, la Ley 1/2010 es una reforma arbitraria que vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, ‘principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos’, es decir, cuando el acto legislativo se releva arbitrario al causar desigualdad. En el recurso presentado, la Comunidad Autónoma de La Rioja señala que la nueva norma causa discriminación entre los españoles y elimina la posibilidad que tenían personas físicas y jurídicas de recurrir ante los tribunales si sus intereses se vieran afectados por las normas forales.
En el recurso se argumenta también que la Ley Orgánica 1/2010 asigna al Tribunal Constitucional unas competencias que la Constitución excluye por completo y, por lo tanto, también en este punto infringe la Constitución. Así, explica que al Tribunal Constitucional le está vedado declarar la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias, porque dicho pronunciamiento corresponde en exclusiva a los tribunales ordinarios y los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad están reservados a normas con rango de ley.
Pedro Sanz ha explicado que, al redactar el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de La Rioja ha tenido en cuenta el informe emitido por la Defensora del Pueblo Riojano, el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, el dictamen encargado por el Ejecutivo regional al Catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y diversos informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos “y todos coinciden en que la Ley 1/2010 vulnera la Constitución”.
Además, ha subrayado que la citada Ley se ha aprobado “a pesar de que el Presidente del Gobierno de España, en una carta fechada el 26 de enero de 2007, Ministros, Diputados y Senadores del Partido Socialista habían defendido que una reforma de este tipo “era constitucionalmente inviable y ha sido la necesidad coyuntural de lograr el apoyo parlamentario la que ha dado al traste con esos obstáculos legales”.
Documentación adicional
Como apoyo al recurso se han incluido, entre otros, los siguientes documentos:
La relación de sentencias dictadas por los Tribunales comunitarios, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que han dado la razón a La Rioja en los litigios contra las ‘vacaciones fiscales’.
Copia del Diario de Sesiones del Congreso y del Senado que, con relación a otros intentos frustrados de blindaje, recogen manifestaciones de diputados y senadores del Partido Socialista contrarias al cambio de régimen impugnatorio de las normas forales.
Declaraciones realizadas en julio de 2006 por el entonces Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sobre los problemas que desde el punto de vista constitucional planteaba la modificación de determinadas leyes para blindar el Concierto.
La carta enviada por el Presidente del Gobierno de España en enero de 2007 al Presidente del Ejecutivo riojano señalando su firme oposición a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia.
Diversas opiniones en medios de comunicación de representantes del PNV sobre las inequívocas intenciones de su Grupo Parlamentario con el blindaje del Concierto.
En este sentido, Pedro Sanz ha denunciado que el cambio de régimen impugnatorio “supone una merma constitucionalmente inaceptable de las garantías establecidas a favor de las personas físicas y jurídicas afectadas por las normas tributarias forales”, y es contraria al artículo 24.1 de la Constitución que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva.
Pedro Sanz ha asegurado que este recurso es “la firme expresión de toda la sociedad riojana”, lo que se ha puesto de manifiesto con la presencia de los agentes económicos y sociales de La Rioja. En la entrega del recurso han participado los representantes de la patronal riojana y de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras.
Además, el Presidente del Ejecutivo riojano, que ha entregado personalmente en el Tribunal Constitucional el recurso presentado por el Consejo de Gobierno de La Rioja, ha recordado que el Ejecutivo riojano solicita la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad de la citada Ley porque “el blindaje supone, en la práctica, la vulneración de principios constitucionales como la igualdad, los derechos de libertad de circulación, residencia y empresa, la unidad de mercado y la solidaridad y autonomía financiera”.
Pedro Sanz ha reiterado que el recurso del Ejecutivo riojano “no va, en ningún caso, contra el Concierto Económico Vasco, recogido en la Constitución española y que respetamos, sino contra el abuso que las Diputaciones puedan ejercer, y de hecho ejercen, en la aplicación del mismo”. Además, ha subrayado que el recurso es “contra un cambio de nuestra Constitución por la puerta de atrás y sin necesidad, porque llevamos más de 30 años conviviendo con el Concierto y se ha planteado su blindaje cuando La Rioja ha ganado numerosos recursos en los tribunales ordinarios contra el abuso en su aplicación”.
Por otra parte, el Presidente del Ejecutivo riojano ha censurado que el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, cediera al “chantaje del PNV y haya sido capaz de vender La Rioja por un puñado de votos para poder aprobar los Presupuestos del Estado” con el único fin de mantenerse en el poder.
A su juicio, esta forma de actuar del Presidente del Gobierno de España demuestra una vez más “que no tiene principios ni palabra” porque, según ha explicado Pedro Sanz, en 2006 y en respuesta a una carta que él mismo le envío para que se opusiera a una proposición de Ley del PNV para blindar el Concierto Económico, Rodríguez Zapatero expresó “la firme oposición del Gobierno de España a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia, cumpliendo así con el inequívoco mandato constitucional“. Argumentos del recurso
Otro de los argumentos jurídicos del recurso presentado por el Ejecutivo riojano es que el blindaje del Concierto Económico contraviene el artículo 106.1 de la Constitución al excluir de todo control jurisdiccional el ejercicio de la potestad en materia fiscal que tienen atribuidas las Diputaciones forales. En este sentido, se señala que una ley estatal no puede excluir de ese control normas de carácter reglamentario, como son las emanadas de los Territorios Históricos vascos, porque la Constitución no lo permite.
Para el Gobierno de La Rioja, la Ley 1/2010 es una reforma arbitraria que vulnera el artículo 9.3 de la Constitución, ‘principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos’, es decir, cuando el acto legislativo se releva arbitrario al causar desigualdad. En el recurso presentado, la Comunidad Autónoma de La Rioja señala que la nueva norma causa discriminación entre los españoles y elimina la posibilidad que tenían personas físicas y jurídicas de recurrir ante los tribunales si sus intereses se vieran afectados por las normas forales.
En el recurso se argumenta también que la Ley Orgánica 1/2010 asigna al Tribunal Constitucional unas competencias que la Constitución excluye por completo y, por lo tanto, también en este punto infringe la Constitución. Así, explica que al Tribunal Constitucional le está vedado declarar la inconstitucionalidad de las normas reglamentarias, porque dicho pronunciamiento corresponde en exclusiva a los tribunales ordinarios y los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad están reservados a normas con rango de ley.
Pedro Sanz ha explicado que, al redactar el recurso de inconstitucionalidad, el Gobierno de La Rioja ha tenido en cuenta el informe emitido por la Defensora del Pueblo Riojano, el dictamen del Consejo Consultivo de La Rioja, el dictamen encargado por el Ejecutivo regional al Catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado y diversos informes de la Dirección General de los Servicios Jurídicos “y todos coinciden en que la Ley 1/2010 vulnera la Constitución”.
Además, ha subrayado que la citada Ley se ha aprobado “a pesar de que el Presidente del Gobierno de España, en una carta fechada el 26 de enero de 2007, Ministros, Diputados y Senadores del Partido Socialista habían defendido que una reforma de este tipo “era constitucionalmente inviable y ha sido la necesidad coyuntural de lograr el apoyo parlamentario la que ha dado al traste con esos obstáculos legales”.
Documentación adicional
Como apoyo al recurso se han incluido, entre otros, los siguientes documentos:
La relación de sentencias dictadas por los Tribunales comunitarios, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que han dado la razón a La Rioja en los litigios contra las ‘vacaciones fiscales’.
Copia del Diario de Sesiones del Congreso y del Senado que, con relación a otros intentos frustrados de blindaje, recogen manifestaciones de diputados y senadores del Partido Socialista contrarias al cambio de régimen impugnatorio de las normas forales.
Declaraciones realizadas en julio de 2006 por el entonces Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, sobre los problemas que desde el punto de vista constitucional planteaba la modificación de determinadas leyes para blindar el Concierto.
La carta enviada por el Presidente del Gobierno de España en enero de 2007 al Presidente del Ejecutivo riojano señalando su firme oposición a apoyar iniciativa alguna que pueda suponer un privilegio para cualquier ciudadano español en función de su territorio de residencia.
Diversas opiniones en medios de comunicación de representantes del PNV sobre las inequívocas intenciones de su Grupo Parlamentario con el blindaje del Concierto.
