“Hemos procedido con toda honradez”

Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia, se encontró ayer con una auténtica lluvia de preguntas en su encuentro con estudiantes en la Universidad Autónoma de Occidente en Cali (al suroeste del país). El coloquio se producía un día después de que tuviese lugar en Bogotá la audiencia contra Gustavo Sierra, ex funcionario del Departamento Administrativo de Seguridad colombiano, que tuvo que responder ante los tribunales por las acusaciones de intervenciones de teléfonos a políticos de la oposición y seguimientos a magistrados de las Cortes.

Una fuerte polémica se ha desatado en el país a raíz de este caso que, según indican magistrados de la Fiscalía que dirige las acusaciones, se inició cuando en 2006 tuvo lugar lo que en Colombia han denominado como la ‘yidispolítica’. Este nombre procede de la política Yidis Medina, ex representante de la Cámara colombiana, que acusó en su día a políticos muy cercanos al presidente Uribe de ofrecerle regalos a cambio de su voto favorable al proyecto que permitiría la reelección inmediata del presidente Uribe. Según indicaba el lunes en la audiencia la juez que instruye el caso, los “pinchazos” telefónicos y los seguimientos habrían sido ordenados desde el gobierno cuando este escándalo salió a la luz.

En este sentido, Álvaro Uribe argumentaba ayer ante los estudiantes que le preguntaban acerca de estas acusaciones que “si gobierno ordenara espionajes ilegales tendría cárcel, empezando por el Presidente”, según recoge hoy el diario El Tiempo. “Un presidente que es frentero no necesita de marrullas”, agregaba a su defensa.

El fiscal encargado de esta cuestión, Misael Rodríguez, explicó el lunes su visión del caso, insistiendo en que “se realizaron investigaciones sin la autorización legal, en contravía de artículos de la Constitución, como el derecho a la intimidad y al debido proceso [...] Las labores [que se hicieron desde el DAS] son totalmente ajenas a la seguridad nacional”.

A pesar del revuelo organizado por la apertura de este caso, desde el gobierno colombiano tan sólo se ha publicado un breve comunicado, por el momento. En el texto, el Ejecutivo del país se limita a decir que “ningún funcionario de la Casa de Nariño [residencia presidencial colombiana] se ha reunido con servidores públicos con el fin de dar instrucciones u ordenar interceptaciones o seguimientos a Magistrados, políticos o persona alguna” y que “todos los servidores públicos estamos prestos a acudir ante las instancias judiciales, para ratificar que jamás se ha dado instrucción desde la Casa de Nariño en este sentido”.