Los feminicidios no son castigados por la justicia guatemalteca
Entre 2008 y 2009 se han registrado 877 asesinatos de mujeres en Guatemala, según datos del Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial.
De esta forma, Guatemala se convierte en el segundo país latinoamericano (después de México) con la tasa más alta de violencia contra la mujer.
Estos sucesos se denominan como “feminicidios”, término que hace referencia a la violencia contra la mujer, pero con algunos matices. Los feminicidios son entendidos como el asesinato de mujeres por el simple hecho de ser mujeres.
El término se usa por primera vez en México en 2006 como “el conjunto de delitos de lesa Humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un marco de colapso institucional”.
Diversos activistas guatemaltecos defienden que existen muchas causas para que esta situación continúe siendo tan preocupante.
Para Walda Barrios, de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, una de estas causas es el conflicto armado que ha sufrido el país latinoamericano durante tres décadas. “Guatemala es un país que viene de 36 años de conflicto armado. Durante la guerra, los cuerpos de las mujeres fueron un territorio en disputa, y toda la mitología se queda corta cuando vemos en las guerras contemporáneas cómo se usan estos cuerpos y cómo se disputan los hombres los cuerpos de las mujeres”, asegura.
Por otro lado, Barrios señala que es la propia sociedad la que asume como normal las agresiones contra las mujeres, ya que según la activista aún está muy interiorizada el desprecio por la vida de la mujer.
La impunidad es un grave problema que, para Barrios, no ayuda a frenar el número de feminicidios en Guatemala. La falta de voluntad política del Estado, la corrupción a todos los niveles y los problemas en los procesos penales permiten que los culpables de los feminicidios no sean castigados.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tiene como objetivo investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad, recomendar políticas públicas y asesorar a la judicatura.
Este organismo afirma que existía un 99% de impunidad de los responsables en el año 2006, mientras que en la actualidad ha disminuido al 97%.
A pesar de este ligero descenso en las cifras, Barrios recuerda que “en el último informe de Naciones Unidas sobre América Latina se situaba en el triángulo de la violencia a Honduras, Guatemala y El Salvador. Guatemala tenía hace tan solo un año el primer puesto, y esto ha cambiado por el contexto de guerra civil que vive Honduras, pero no disminuye la violencia en Guatemala, éste es el problema y es un problema que afecta a toda la región” .
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