Accesibilidad, también en el ámbito audiovisual

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) destacó hoy el “avance” que supone la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, porque fija unas obligaciones progresivas en materia de accesibilidad hasta 2013 para todas las televisiones que tengan la consideración de servicio público, así como a todas las de ámbito estatal.

A su juicio, esta norma servirá para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos también en el ámbito audiovisual y asegura que es la “primera vez” que la legislación española incorpora obligaciones en materia de accesibilidad audiovisual con carácter general, “con lo que se colma en buena parte la orfandad normativa que existía en nuestro país en la materia”.

El comité reconoce que los deberes impuestos finalmente a los operadores audiovisuales “distan de los reclamados por el CERMI” y subrayó que hay que valorar esta regulación “como un avance de consideración, que habrá que ampliar y perfeccionar en el futuro”.

Nuevas obligaciones para los operadores de televisión

La nueva ley fija a los operadores unas obligaciones progresivas hasta 2013 en materia de subtitulación, audiodescripción y emisión en lengua de signos. En relación con el subtitulado, por ejemplo, las televisiones de servicio público tendrán que llegar al 90% de toda la programación en 2013 y las de ámbito estatal, al 75% en las mismas fechas.

Asimismo, recoge las sanciones por infracción grave y muy grave de los deberes de accesibilidad previstos, que pueden alcanzar el millón de euros de multa y establece los plazos y el calendario previstos para implantar los servicios de apoyo a las personas con discapacidad.

El CERMI es la plataforma de representación y encuentro de las personas con discapacidad que aglutina a casi 5.000 asociaciones y entidades, que representan en su conjunto a los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que hay en España. Su objetivo es conseguir el reconocimiento de los derechos y la plena ciudadanía en igualdad de oportunidades de este colectivo.

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