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7 Ingeniería Industrial UR cabecera
El 20 de febrero de 2010

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El PSOE cree que "algo muy turbio" se mueve en el caso de la finca Rihuelo de Alfaro

Los socialistas piensan que "éste es un nuevo caso de  trafico de influencias y  prevaricación que afecta a la Consejera y Vicepresidenta del Gobierno, Aránzazu Vallejo , y que es una muestra más de la forma clientelista de actuar de los Consejeros de Pedro Sanz".

Redacción

Tras conocer la denuncia que ha interpuesto el fiscal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Calahorra para investigar los hechos de la finca Rihuelo, el grupo parlamentario socialista piensa que éste es "un nuevo caso de  tráfico de influencias y  prevaricación que afecta a la consejera y vicepresidenta del Gobierno, Aránzazu Vallejo".

Así, el grupo socialista indica en un comunicado de prensa que "ya intentó en mayo de 2009 que la consejera diera explicaciones en el Parlamento por  haber retirado la protección de la finca Rihuelo que posteriormente compró su cuñado, pero  el rodillo del PP lo impidió".

Tal y como relatan "el 7 de mayo de 2009 los diputados pertenecientes a la comisión de Medio Ambiente del Parlamento presentaron la iniciativa que tenía que sentar en la dicha comisión a la consejera". Se establecía así, una comparecencia para explicar todo lo relativo a la roturación de la finca Rihuelo de Alfaro denunciada por un colectivo ecologista a la fiscalía.

El 15 de junio de ese mismo año, "la junta de portavoces se pronunció sobre la conveniencia de que se realizara la comparecencia solicitada con este resultado; Carlos Cuevas, Emilio del Rio,  Alberto Olarte, Mª Cruz Ruiz y José Ignacio Ceniceros  votaron en contra aduciendo que estaba en la Fiscalia".

Por su parte "Miguel González de Legarra, Francisco Martínez-Aldama, Inmaculada  Ortega y Pablo Rubio votaron a favor de mantener la comparecencia, pero 5 votos frente a 4 lo impidieron".

Así, desde el PSOE manifiestan que "esta dirigente política, mano derecha de Pedro Sanz, se ha hecho famosa por  hacer acoso laboral a un funcionario y haber sido sentenciada y condenada la Comunidad Autónoma. Más  de 60.000 euros nos ha costado por el momento a todos los riojanos su prepotencia, su soberbia y el abuso de poder con el que actúa".

 
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