Rioja2

Miércoles 27 de Enero de 2021Actualizado 17:31

El 15 de febrero de 2010

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Lucha por la supervivencia de los sebadales

Los ecologistas continúan con la denuncia de la construcción del Puerto de Granadilla, en Tenerife. Aseguran que la ejecución del proyecto conllevaría la destrucción de especies y hábitats en peligro de extinción, protegidos por la Unión Europea.

Redacción

Entre los 27 Lugares de Interés Comunitario de Canarias, se encuentra el Sebadal de Granadilla, situado al sur de Tenerife. Los sebadales son bosques o praderas submarinas que se desarrollan sobre fondos arenosos, formados por la Cymodocea nodosa, una planta marina que se conoce comúnmente como “seba”. La importancia no es realmente de la planta en sí, sino del ecosistema que desarrolla a su alrededor. Entre las funciones que desempeñan los sebadales destaca su papel como zona de cría, alimentación y refugio de muchas especies. También tienen un papel fundamental en la estabilización y conservación de las playas, estos bosques submarinos retienen el sustrato arenoso, amortiguando el efecto del oleaje y las corrientes marinas sobre los fondos, y permitiendo la formación de playas y dunas en las costas. La zona costera de Granadilla acoge uno de los sebadales mejor conservados de toda Canarias.

Además, ejemplares jóvenes de la Tortuga Boba (Caretta caretta), declarada Especie Prioritaria e incluida en los Anexos II y IV de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats, viajan desde Florida y Cabo Verde a Canarias, donde encuentran zonas de descanso, insolación y alimentación. Granadilla es uno de los enclaves del archipiélago donde las tortugas deciden alimentarse de los sebadales, ya que en esta zona no se encuentran con los problemas de tráfico marino y turismo de otras islas.

Sin embargo, toda esta riqueza natural podría peligrar si se lleva a cabo la construcción del Puerto de Granadilla, que iría destinado principalmente a ser el gran puerto comercial, industrial y de abastecimiento de la isla de Tenerife, sustituyendo al que existe actualmente en Santa Cruz.

El proyecto plantea la construcción de más de 5 kilómetros de costa, aunque la Autoridad Portuaria alude a un kilómetro y medio de construcción en su primera fase. El puerto estaría formado por 4 diques, todos ellos con 16 metros de profundidad y la plataforma será de un kilómetro y medio desde la línea de costa. Se añadirá también un parque empresarial y un parque industrial para completar las instalaciones portuarias.

La totalidad del proyecto tiene un coste de 687,45 millones de euros, de los que 316,5 corresponden a inversión pública, provenientes de la Autoridad Portuaria y a través de los fondos comunitarios Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y de Cohesión. A esto hay que sumar otros 371 millones de euros correspondientes a la parte empresarial, que se concentrará en el puerto de contenedores y el parque industrial. El proyecto también plantea conectar el puerto con el aeropuerto Reina Sofía, a través de la construcción de una vía rápida, para poder enlazar ambos nodos de transporte.

Para el año 2011, el proyecto debía estar finalizado en su totalidad, aunque de momento no se ha comenzado a construir.

Desde que se diera a conocer el proyecto, ecologistas locales como de toda España se niegan a su realización. Diversas son las razones que ofrecen los ecologistas para detener la ejecución del proyecto, entre la que destaca la más que probable destrucción del sebadal y todo el ecosistema que existe en Granadilla.

Greenpeace, en su informe “El Puerto de Granadilla: una agresión ambiental injustificada para Tenerife”, de 2005, asegura que “a la turbiez generada por las obras, habrá que sumarle la erosión de las plantas que conforman los sebadales, el enterramiento de comunidades y hábitats, así como la modificación de las características físicas y químicas del sustrato, lo que impedirá su posterior recuperación. La afección será enorme e irreversible”. La asociación ecologista avisa de que éste no sería el único problema, ya que el área de costa se vería gravemente alterada en diversos frentes. Así Greenpeace asegura que los diques y la contaminación procedente de los barcos, acabará con toda la riqueza natural de la zona. Para los ecologistas, la construcción de los diques modificaría las corrientes marinas, impidiendo el trasvase de arena a la zona sur. A su vez, las corrientes eólicas que favorecen la creación de dunas en la costa de Granadilla (por las partículas de arena que traslada el viento) se vería modificada también con las construcción que allí se preveen.

Ben Magec- Ecologistas en Acción insiste en los argumentos ofrecidos anteriormente, y además, en su informe “Solicitud al Ministerio de Medio Ambiente de retirada del Proyecto de Puerto de Granadilla por las graves irregularidades ambientales que contiene”, de 2005, recoge las opiniones de diversos expertos sobre la posibilidad de “trasplantar” los sebadales. En dicho informe se puede leer que “el trasplante de sebadales ha sido también rechazado con contundencia por la comunidad científica de la Universidad de La Laguna […] únicamente es justificable en el caso de localizar áreas en las que se tenga constancia de la existencia pretérita de praderas de está fanerógama y que por circunstancias perfectamente estudiadas hayan desaparecido y sea factible su reimplantación. Este no es el caso de la propuesta”. Ecologistas en Acción detalla en el informe dos experiencias previas de trasplantes de sebadales, que no prosperaron.

Las asociaciones ecologistas denuncian que la información recogida por los documentos medioambientales previos a la realización del puerto, no se ha tenido en cuenta en los procesos de autorización del proyecto. Ben Magec- Ecologistas en Acción y Greenpeace defienden que “se produjo ocultación de información emitida por las autoridades autorizadas consultadas, así como de los informes solicitados a diversos técnicos de Medio Ambiente, Universidades y otros expertos”. Las asociaciones ecologistas han enviado en reiteradas ocasiones quejas ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea.

Por otro lado, la postura de los ecologistas se ve respaldada por los habitantes de la zona. Desde que se diera a conocer el proyecto del puerto, los ciudadanos de la isla de Tenerife han rechazado su realización. Se han llevado a cabo diversas iniciativas ciudadanas, a través de las cuales la población canaria se ha volcado, para evitar la destrucción de la zona de Granadilla.

Una de las iniciativas más importantes puesta en marcha fue la Iniciativa Legislativa Popular que se presentó al Parlamento de Canarias, demandando la protección de la zona de Granadilla. Para que se tuviera en cuenta en el Parlamento, debían recoger una cantidad de 15.000 firmas. En abril de 2004, los promotores presentaban ante el Parlamento, 56.000 firmas, convirtiendo esta iniciativa popular en la más apoyada de Canarias, según datos de Greenpeace. Aún así, el Parlamento de Canarias decidió no debatir sobre el asunto.

Además, durante más de tres años consecutivos, se han realizado diferentes manifestaciones en Santa Cruz de Tenerife, de rechazo a la realización del Puerto de Granadilla, consiguiendo una asistencia de más de 10.000 personas, según datos de Ben Magec- Ecologistas en Acción.

A pesar de la opinión de los ecologistas y los ciudadanos, la Unión Europea ha apoyado el proyecto desde el primer momento. En primer lugar, se han concedido los fondos FEDER para completar el presupuesto necesario. Además, en 2006 El Banco Europeo de Inversiones (BEI) emite un informe en el que manifiesta la necesidad para Tenerife de contar con nuevas instalaciones portuarias, refiriéndose específicamente a la construcción del de Granadilla. Ese mismo año, la Comisión Europea publica un Dictamen pronunciándose a favor de la construcción del puerto por “razones imperiosas de interés público de primer orden” .

La Unión Europea ha suspendido cautelarmente, la adjudicación de los fondos para la construcción del puerto, como consecuencia de la paralización cautelar de las obras del puerto de Granadilla por parte el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La Unión asegura no se concederán los fondos hasta que la justicia española no resuelva el conflicto.
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