Asociaciones de inmigrantes vigilan sus derechos

Las asociaciones de inmigrantes Rumiñahui, Aculco, Vomade y Ari-Perú han anunciado que están estudiando acudir al Tribunal Constitucional si se cumplen las medidas anunciadas en materia de inmigración por el Ayuntamiento de Vic.En un comunicado conjunto, denuncian la “irresponsable manipulación” de la Ley de Extranjería y de la Ley Reguladora a las Bases del Régimen Local “con fines meramente electoralistas y que rayan en prácticas racistas y xenófobas”.

“El impedir el empadronamiento de personas que se hallan en situación administrativa irregular se considera una flagrante violación de los derechos constitucionales y bordea toda ilegalidad jurídica. Las leyes antes mencionadas obligan a los ayuntamientos a empadronar a todos los vecinos independientemente de su situación administrativa”, afirman.

Además, recalcan que dicha medida tendría consecuencias sobre aspectos básicos como la salud y la educación, ya que sin empadronamiento no se puede acceder a la tarjeta sanitaria ni a la escolarización, privando así de dos derechos fundamentales. También, continúan, dificultaría los procedimientos legales disponibles y las oportunidades de desarrollo, porque complicaría trámites básicos para obtener la residencia legal en el país.

Con todo, advierten de que estarán “vigilantes” para que este intento de “lepenización” de la sociedad española “no se traduzca en la implementación de medidas discriminatorias contra las personas por su origen, raza o nacionalidad”.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña garantizó este martes que todos los ayuntamientos catalanes empadronen a los inmigrantes tengan o no papeles, y ha instado al consistorio de Vic a acatar la normativa estatal, lamentando el “embrollo” que ha causado la decisión del gobierno municipal de negarse a empadronar a los extracomunitarios sin el visado en regla.

Lo ha dicho en el conseller catalán de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, en una rueda de prensa en la que afirmó que la Generalitat rechaza de forma contundente el uso electoral de la inmigración e instó a todos los partidos políticos a no caer en ello, después de que la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, indicase que la inmigración será precisamente uno de los ejes de su campaña.

Nadal garantizó la plena unidad del Govern sobre este tema y recordó que las administraciones locales, entre ellas la de Vic, consensuaron hace dos meses, en el marco de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración de la Generalitat, un documento que señala que los ayuntamientos “tienen la obligación” de inscribir a todas las personas que viven en la localidad.

“No hago ningún reproche al Ayuntamiento de Vic”, dijo Nadal, quien indicó que hasta la fecha ha tenido unas políticas de integración muy correctas, pero lamentó la intención de la corporación municipal de modificar el funcionamiento del empadronamiento de forma unilateral.

Hay otros ayuntamientos catalanes con problemáticas similares que ni arman tanto “revuelo” ni levantan tanta polvareda, aseguró Nadal, quien consideró que hubiese sido mucho más útil para la convivencia en la ciudad seguir las recomendaciones de la Mesa de Ciudadanía e Inmigración.