Vic recibirá hoy el documento que determine la legalidad de su actuación

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El Ayuntamiento de Vic [Barcelona] tendrá hoy en sus manos el informe jurídico externo que encargó al abogado Miquel Roca Junyent para determinar la legalidad de su intención de no inscribir en el padrón municipal a los inmigrantes 'sin papeles', tras lo que preguntará al Gobierno español qué procedimiento debe seguir el consistorio en este tema.

El alcalde de la localidad, Josep Maria Vila, mantuvo el pasado viernes una reunión con representantes de una quincena de entidades y sindicatos, que ya manifestaron su oposición a la medida propuesta por el Ayuntamiento [en el que gobiernan en colación por CiU, ERC y PSC].

En un comunicado, el consistorio calificó el encuentro de “cordial”, y anunció la creación de una comisión mixta con representantes de los inmigrantes de la ciudad para hablar del tema del empadronamiento, una comisión que se reunirá a partir del martes, cuando se conozca el contenido del informe jurídico y el Gobierno se haya manifestado.

El encuentro, que contó con la participación de representantes de todos los partidos políticos con presencia en el Ayuntamiento de Vic, finalizó con el acuerdo de las partes de proseguir con los encuentros.

Una de las portavoces de las entidades reunidas, Carme Roquer, señaló que el Ayuntamiento “no tiene claro” si su propuesta es legal o no, aunque cree que su intención está permitida en virtud de la actual Ley de extranjería. Por su parte, las entidades trasladaron su desacuerdo con la medida porque “las personas son personas, y sus derechos no se pueden pisar”.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido este sábado al Ayuntamiento de la localidad que “una cosa es el padrón y otra la lucha contra la inmigración ilegal”, con motivo de la decisión de este consistorio de no empadronar a los extranjeros que se encuentran en situación irregular.

Durante la presentación del balance anual de la lucha contra la inmigración ilegal en el Ministerio del Interior, Rubalcaba aseguró que la ley es “clara” y que, por tanto, la iniciativa de Vic no se ajusta a la misma. Asimismo, indicó que en el caso de que este municipio reclame a Interior un dictamen sobre la situación, “lo hará”.

A pesar de reconocer que a él, como ministro del Interior, “no le toca” responder a esta polémica, quiso explicar que la decisión de Vic es consecuencia de su “situación política”. “Reclamamos a este ayuntamiento que cumpla la ley”, aseveró.

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