Primera comparecencia de la cúpula militar

Parece que las nuevas autoridades de Honduras quieren solucionar cuanto ante la crisis interna que vive el país desde el pasado 28 de junio un golpe de Estado acababa con el gobierno del hasta entonces presidente, Manuel Zelaya. La vuelta a la normalidad iniciada por el proceso electoral del mes de noviembre continúa con el requerimiento de la Fiscalía para que los altos mandos del Ejército respondan ante la Justicia por el golpe de Estado.

Así, el jefe del Estado Mayor de Honduras, el general Romeo Vásquez, y otros cinco miembros de la cúpula militar hondureña han llegado a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en Tegucigalpa para comparecer por primera vez ante el tribunal por los supuestos delitos cometidos durante el golpe de Estado.

La Fiscalía de Honduras presentó el pasado 6 de enero un requerimiento en el que solicitaba a la CSJ el procesamiento de la Junta de Comandantes del Ejército, a quienes acusa de abuso de autoridad y expatriación ilegal del presidente depuesto.

La Constitución de Honduras prohíbe la expatriación de ciudadanos

y la orden que recibieron los militares el día del golpe era la de detener a Zelaya y presentarlo ante los tribunales, no expulsarlo del país tal como explicó entonces el Ministerio Público.

Vestidos con sus uniformes de gala, los principales mandos del Ejército entraron en la corte para comparecer ante el juez Jorge Alberto Rivera, con lo que se daba inicio a un proceso catalogado como histórico por los medios locales. Un amplio número de periodistas de medios nacionales e internacionales cubrían la noticia en las afueras de la sede del Poder Judicial, adonde no se les permitió el ingreso, informó el diario El Heraldo.

Fuera de las dependencias judiciales también se agolpaban partidarios del presidente depuesto y miembros de la Unión Cívica Democrática (UCD), que solicitan el sobreseimiento de la causa contra la Junta de Comandantes.

Además de Vásquez, también están acusados el subjefe del Estado Mayor, Venancio Cervantes, el inspector general, Carlos Cuéllar, el comandante del Ejército, Miguel García, el comandante de la Fuerza Aérea, Luis Prince, y el de la Fuerza Naval, Juan Rodríguez.

En esta primera vista, Rivera ha dictado medidas sustitutivas contra los seis principales mandos militares del país centroamericano, a los que se acusa de haber cometido los delitos de abuso de la autoridad y expatriación ilegal. “No podrán salir del país y deberán presentarse periódicamente ante los tribunales”, manifestó el Fiscal Mario Cabañas a la conclusión de la vista preliminar del juicio.

Cabañas, en declaraciones al diario El Heraldo, también informó de que los militares se habían negado a declarar y que la audiencia inicial, en la que ambas partes presentarán las pruebas correspondientes ante el juez, se celebrará el próximo 21 de enero.

Por otro lado, la designación del presidente de facto, Roberto Micheletti, como diputado vitalicio de Honduras ha despertado duras críticas en la región. El presidente boliviano, Evo Morales, ha señalado que esta medida convierte a Micheletti en un “segundo Pinochet”.

El Congreso hondureño declaró el miércoles diputado vitalicio al mandatario interino y aprobó que el Estado le ofrezca de por vida protección policial,

lo que podría evitar que sea procesado en un futuro por delitos vinculados al golpe de Estado del pasado 28 de junio.

“Solo de ver el título del trabajo periodístico me dije: éste es el segundo Pinochet, quien también fue declarado senador vitalicio”, afirmó Morales, durante un acto en Cochabamba. Aunque, a su juicio, la historia chilena se repite en Honduras “serán los pueblos quienes juzguen a los golpistas y los traidores”, según informaciones de Prensa Latina.