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El 13 de enero de 2010

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El acceso a España

En 2009 han descendido en general los expedientes de rechazo hacia inmigrantes en el aeropuerto de Barajas, pero han subido los emitidos hacia ciudadanos venezolanos y argentinos.

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Redacción

Los nacionales de Venezuela y Argentina han experimentado en el año 2009 un aumento de expedientes de rechazo en el aeropuerto de Barajas, situándose en 1.338 expulsiones las relativas a venezolanos [frente al millar de 2008], y en 1.254 las de ciudadanos argentinos [en 2008 fueron un 56 por ciento menos].


Los expedientes de expulsión emitidos hacia nacionales de Brasil, ha descendido, siendo en 2009 1.904 los llevados a cabo, cifra un 24 por ciento menor a la registrada en 2008. Los paraguayos también han recibido menos expulsiones en el principal aeropuerto español, con un número de 1.050 expedientes frente a los 1.500 registrados en 2008.


El embajador de Venezuela en España, Isaías Rodríguez, se ha visto en la necesidad de solicitar a las autoridades españolas que “flexibilizaran  los rigurosos controles” a los nacionales, cuando realizó una visita en el mes de octubre a las instalaciones del aeropuerto.


En total, los expedientes de rechazo emitidos en el aeropuerto de Barajas durante el pasado año 2009 ha descendido en un 23 por ciento, siendo el total de tramitaciones cumplimentadas de 9.215, frente a las 12.000 que se llevaron a cabo en el año anterior.


En diciembre de 2009 han llegado a Barajas un total de 9.250 argentinos, 8.200 venezolanos, 6.600 brasileños y 900 paraguayos. La diferencia en cuanto a la naturaleza de las migraciones la ha explicado el responsable del Aula de Migraciones del Colegio de Abogados de Madrid, Marcelo Belgrano, cuando afirma que “España ya no es un lugar de trabajo”. Según explica, la crisis financiera se ha notado en que los pasajeros vienen cada vez más por motivos meramente turísticos.


Las condiciones actuales para entrar en España pasan por poseer una carta de invitación de un nacional, tramitada en una comisaría española, así como la disponibilidad de un dinero por parte del viajero que equivalga al noventa por ciento del salario mínimo interprofesional español [nunca menos de 561 euros]. Si el viajero es rechazado para entrar en territorio español, permanecerá en el aeropuerto hasta ser enviado al lugar del que llegó y con la misma compañía aérea.

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