CERMI pide una ley estatal en materia de integración

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad [CERMI] ha planteado hoy la necesidad de que el Estado se dote de una Ley de garantía de derechos y servicios sociales, a fin de hacer efectiva la inclusión social de todos los españoles, ya que “19 sistemas distintos, diversos y dispersos”, en referencia a las comunidades y ciudades autónomas, “acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida”.

Según explicó la asociación en un comunicado: “ha llegado el momento de que mediante una ley estatal se aseguren unos parámetros iguales de atención a todos los ciudadanos que precisen apoyos para su inclusión social”. Asimismo, insistieron en que “resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias y que sólo sean las Comunidades Autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones”.

A juicio del CERMI, la actual Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de Seguridad Social como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.

En estos años de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas, “los servicios sociales no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos”, explicaron. Para el CERMI, este déficit tiene que ser atacado mediante una norma estatal que establezca unos mínimos iguales para toda España.

De esta forma, en las próximas semanas, el CERMI organizará una jornada de trabajo dedicada a analizar si es posible y deseable esta ley estatal, aportando todas las visiones de interés para este debate.

Por su parte, el PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se eliminen las barreras arquitectónicas de las instalaciones deportivas de toda España con el fin de que las personas discapacitadas puedan acceder a estos recintos en condiciones de igualdad.

En la iniciativa, el PP pide al Gobierno que realice, en colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, un estudio que detecte las barreras arquitectónicas de las actuales instalaciones deportivas y que, a raíz de este estudio, promueva un plan para suprimirlas.

“Resulta de difícil comprensión cómo, dado el creciente aliento que se da al deporte de personas con discapacidad y a la modernización de las infraestructuras deportivas, no se ha llegado a una completa adaptación de las mismas a las discapacidades de estos deportistas”, señalan los 'populares' en su escrito.

Así, denuncian que estas personas se encuentran “con una desventaja deportiva debido a la dificultad en el acceso a determinadas infraestructuras deportivas y a la lentitud de algunas administraciones en su resolución”.

Por otro lado, el PP ha presentado una segunda iniciativa en la que pide al Gobierno que acuerde con las comunidades autónomas un nuevo certificado de minusvalía que tenga “tamaño carné”, es decir, que sea similar al actual DNI electrónico.

El PP recuerda que el certificado de minusvalía es un documento oficial emitido por las comunidades autónomas que acredita que una persona tiene un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento. Actualmente se expide en soporte papel, tamaño folio DIN A4, siendo un documento “frágil e incómodo que se deteriora fácilmente”.

Por eso, los 'populares' proponen que, al igual que ya lo ha hecho la Comunidad de Madrid, el Ejecutivo socialistas promueva que las demás autonomías emitan una nueva tarjeta identificativa de la discapacidad “más cómoda y resistente”. Este documento es útil a la hora de comprar una vivienda o un vehículo, buscar un trabajo y acceder a aparcamientos, instalaciones públicas o subvenciones.