España discrimina, “aunque la sociedad no lo admita”

Los problemas de discriminación que sufren los gitanos en España se han incrementado en el último año, especialmente en los ámbitos del empleo y la educación, entre otros motivos porque “en este país sale gratis” la exclusión, ya que “no hay una respuesta real del sistema jurídico” a este tipo de situaciones, que en la mayoría de los casos ni siquiera se denuncian, según indican las conclusiones del informe anual de la Fundación Secretariado Gitano [FSG] presentado en Madrid.

Así lo explicó durante la introducción del estudio el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid y Patrono de la FSG, Fernando Rey, quien sostiene que “en España se discrimina mucho y de formas muy diversas” aunque la sociedad “no lo admita” y “el problema es que al no reconocer la enfermedad, no se puede encontrar la cura”. Por eso, en su opinión, es momento de sensibilizar a la justicia, para que aplique la normativa prevista contra la discriminación.

El informe revela que son pocos los casos que se denuncian y señala que cuando se ponen de manifiesto, “no hay mecanismos de protección para las víctimas” ni una “reparación real” del daño sufrido. Según explicó una de las responsables del Área de Igualdad de la FSG, Sara Giménez, esto provoca “frustración de las víctimas”, que dan por sentado que reclamar no va a ser útil.

El estudio recoge 111 casos de discriminación documentados por la FSG a lo largo del año pasado, una cifra que si bien no es representativa por limitaciones en la recogida de los datos, es un indicador de la situación de este colectivo. De los tres casos que llegaron a la Fiscalía, sólo uno prosperó y se refería a hechos de “una gravedad especial debido a las situaciones de amenazas constantes y violencia física”, según el informe.

En cuanto a los ámbitos de la discriminación, el del empleo es uno de los que más casos registró el año pasado, cuando la población gitana se vio afectada por la crisis un 35 por ciento más que la sociedad mayoritaria en materia de contrataciones. La FSG documentó 28 casos de discriminación en 2008 frente a los nueve recogidos en el año 2007 y a lo largo de 2009 “la situación desde luego no ha mejorado”. Según Giménez, al haber más demanda de empleo se han “relativizado” los criterios de selección y en muchos casos, el empleador “ni siquiera mira el curriculum vitae” y rechaza al candidato directamente por su etnia.

“En el acceso a bienes y servicios las mujeres han sido discriminadas el doble que los hombres: en muchas ocasiones han sido acusadas de robo, sometidas a mayor vigilancia por parte de los agentes de seguridad y expulsadas de los comercios sin la más mínima prueba de la comisión de algún delito”, lo que afecta directamente a su vida cotidiana, explica el informe.

Cuando se trata de menores [teniendo en cuenta que un 35% de los casos documentados afectaban a niños que no habían cumplido los 15 años], la situación es especialmente “preocupante” en el acceso a la educación. “Se está hipotecando el futuro de estos niños, que tienen derecho a salir de la situación de exclusión en que se encuentran y que, para hacerlo, necesitan una educación de calidad” que no se consigue en centros donde “se matricula de forma masiva o exclusiva” a colectivos en riesgo de exclusión, señaló Giménez.

No obstante, según la Fundación, los medios de comunicación “siguen siendo el agente discriminador más activo” porque transmiten imágenes “anacrónicas y estereotipadas” de la población gitana que están “alejadas de la realidad del colectivo” y que refuerzan los tópicos que tiene sobre él la sociedad mayoritaria, dificultando así su integración.