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La Rioja vaciada
El 2 de diciembre de 2009

Tiempo de lectura: 01:57
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El Fiscal llama a declarar a Legarra por el caso de Logroño Turismo

El presidente del Partido Riojano está imputado en la posible comisión de un delito de tráfico de influencias.

Mikel González de Legarra

Redacción

El fiscal ha pedido que el presidente del Partido Riojano, Miguel González de Legarra, declare como imputado en la posible comisión de un delito de tráfico de influencias, por mediar en la contratación en la Fundación Logroño Turismo de dos personas que no cumplían los requisitos exigidos para el puesto.

Así lo recoge un auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que ha fijado un plazo de cinco días para que el Partido Popular (PP) deposite una fianza de mil euros si desea presentar una querella y personarse como acción popular en este asunto.

El documento, proporcionado hoy en una rueda de prensa por la portavoz municipal del PP, Concepción Gamarra, también reconoce la competencia de la Sala de lo Penal del TSJR para conocer este caso, ya que González de Legarra es diputado del Parlamento de La Rioja y por tanto tiene la condición de aforado.

En el auto, el Ministerio Público se remite a las diligencias anteriores practicadas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Logroño.

De este modo, constata que los trabajadores I.P. y M.L-D., contratados en la Fundación Logroño Turismo "sin cumplir" las condiciones solicitadas, obtuvieron "un beneficio económico" al haber obtenido un trabajo "al que aspiraban otras personas que sí cumplirían los requisitos exigidos para el puesto".

El fiscal pide a González de Legarra que declare sobre la posibilidad de "haber influido presuntamente sobre el entonces gerente de la fundación, Fernando Melchor, sobre el que tendría autoridad y prevalencia al ser militante del Partido Riojano, para que contratase a estas dos personas".

Los dos contratados también son militantes de esta formación y "están vinculados política y personalmente con González de Legarra", según la Fiscalía, que advierte de "posibles responsabilidades penales de otras personas no aforadas que hayan podido participar en el delito investigado".

Según Gamarra, el "máximo responsable" en este asunto es el alcalde de Logroño, Tomás Santos, por ceder la Presidencia de esta fundación a su socio de Gobierno, el regionalista Ángel Varea, y sobre este asunto "ni ha dicho ni ha hecho nada".

Ha recalcado que su formación depositará la fianza requerida para poder presentar la querella

Además, ha precisado que el artículo 428 del Código Penal prevé, para el autor de un delito de tráfico de influencias, penas de prisión de seis meses a un año, una multa del tanto al duplo del beneficio obtenido e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.

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