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El 27 de noviembre de 2009

Tiempo de lectura: 03:04
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Luz verde a la Ley de Extranjería

El Congreso español aprueba la reforma de la ley, normativa que ha causado el descontento en los colectivos inmigrantes, quienes la tachan de “insuficiente” y de “obstaculizar” la convivencia.

José Corbacho

Redacción

La reforma de la Ley de Extranjería está en marcha. Ayer, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde por 180 votos a favor a dicho cambio de la normativa, con el respaldo del Grupo Socialista, CiU y Coalición Canaria y la oposición del resto de la Cámara (163 votos en contra y 3 abstenciones), incluido el PNV, que finalmente no apoyó el texto porque no incorporó su propuesta de establecer un reparto ponderado de los menores inmigrantes desamparados entre las comunidades autónomas.


La nueva ley ampliará a 60 días el plazo máximo que un inmigrante puede estar privado de libertad en espera de expulsión, limita la reagrupación familiar al cónyuge o análogo e hijos menores, contempla la regularización por violencia de género, refuerza las competencias de las autonomías sobre la extranjería y endurece las sanciones para quienes promuevan la inmigración irregular o el tráfico de personas, entre otras medidas.


Según Celestino Corbacho, ministro de Trabajo e Inmigración,  “el tiempo determinará que ésta ha sido una buena corrección y es una buena ley” porque ha modificado “elementos que discriminaban” a los extranjeros y ha incorporado la perspectiva de la integración.


“España tiene dos retos: apostar por una inmigración regular y legal [...] y apostar decididamente por un proyecto de integración”
, explicó Corbacho durante su intervención en el Congreso, para incidir en que esta ley “amplía y reconoce a las autoridades que deben hacerlo posible” porque consolida las capacidades reconocidas a las autonomías en materia de inmigración.


Sin embargo, la reforma de ley ha disgustado a los colectivos inmigrantes de España. La asociación hispano ecuatoriana Rumiñahui, la Asociación de Trabajadores Marroquíes en España (ATIME) y la Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados (Ferine) han criticado el contenido de la nueva Ley de Extranjería porque “es insuficiente” y porque se han mantenido e incorporado distintos aspectos que a su juicio, “obstaculizarán” la convivencia.


El portavoz de Rumiñahui, Raúl Jiménez, expresó su “decepción” por el contenido de la nueva ley, porque la organización esperaba que se retirase la ampliación del plazo de internamiento y la restricción de las reagrupaciones familiares, que se han mantenido pese a “la presión de las entidades sociales” y a que “son vulneraciones de derechos de las personas migrantes”.


“Tenemos un sabor agridulce en espera del Reglamento, porque no entendemos lo que pueden llegar a significar términos que se han introducido, como el esfuerzo de integración”, señaló Jiménez, para expresar también su malestar porque las víctimas de violencia de género en situación irregular vayan a seguir enfrentándose a un expediente de expulsión si acuden a una comisaría a denunciar.


Pro su parte, el presidente de ATIME, Kamal Rahmouni, incidió en la importancia de que el reglamento de la Ley vaya en la línea de “ampliar los aspectos positivos y reforzar los derechos” que reconoce, porque “habrá que ver” qué ocurre con estas mujeres que denuncian violencia de género mientras se prolonga el procedimiento judicial y eso “se verá con el desarrollo de la ley”.


En términos generales, para Rahmouni la reforma “es insuficiente” porque si bien “se avanza en algunos aspectos, como que las ONG puedan por fin entrar en los Centros de Internamiento, preocupan recortes como el de la reagrupación familiar o las trabas que se imponen para el empadronamiento, que va a impedir ejercer a quienes estén en situación irregular muchos, algunos fundamentales”.


Desde Ferine consideran que es una ley “xenófoba y racista, que va en contra de la historia más reciente de España y vulnera derechos fundamentales de las personas” porque “criminaliza el hecho de ser inmigrante, en un marco general de reducción de los derechos sociales”.


“Ésta es también, una ley represora que legaliza el castigo con 60 días adicionales de prisión en las cárceles de internamiento de extranjeros (CIEs) a las personas indocumentadas; es una ley desigual que agrava y obstaculiza la convivencia y sanciona la solidaridad”, denunció la organización.

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