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San Mateo 21 dos columnas
El 26 de noviembre de 2009

Tiempo de lectura: 02:17
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Hoy se vota la reforma de la Ley de Extranjería

Se prevé que será aprobada, al contar con los apoyos políticos suficientes, pero diversas ONG y asociaciones no están de acuerdo y se manifestarán en contra a la puerta del Congreso.

Inmigración

Redacción

Hoy llega a su fase final la reforma de la Ley de Extranjería, con la votación en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde previsiblemente alcanzará la mayoría absoluta necesaria para salir adelante, con los votos de PSOE, CiU y Coalición Canaria y pese a la oposición del PP y el grupo formado por ERC-IU-ICV.


Es muy probable que el PNV vote en contra de la reforma, porque las mismas fuentes señalan que con casi toda seguridad, el PSOE y CiU tumbarán una enmienda que los nacionalistas vascos introdujeron en el Senado y que consideran imprescindible para dar su apoyo. La enmienda en cuestión reclama un reparto ponderado de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.


En cuanto al Grupo Popular, no apoyará el texto porque en su opinión, se trata de una “reforma cosmética” que pasa “del papeles para todos al maletas para todos” y no incluye ninguna de sus propuestas, entre las que figuraban la restricción de la regularización por arraigo, la prohibición expresa de las regularizaciones masivas y la implantación de un contrato de integración para los recién llegados.


Por su parte, en IU-ICV-ERC la discrepancia reside en la restricción que aplica la ley a la reagrupación familiar, las modificaciones en materia de justicia gratuita y la no incorporación en el texto de una reforma del Código Civil que permita nacionalizarse en menos de diez años a los extranjeros no latinoamericanos. El grupo pedía además que quedara recogido el derecho a voto de todos los inmigrantes en los comicios municipales.


En su redactado actual, la ley afianza las competencias que ya tienen algunas comunidades autónomas en su estatutos sobre la concesión de permisos iniciales de trabajo y los trámites de renovación, reconociendo su potestad para elaborar informes acerca de la situación y el grado de integración en la región de los solicitantes.


También reconoce la capacidad de los gobiernos regionales de establecer acuerdos de colaboración con los países de origen de la inmigración en materia de menores extranjeros desamparados, así como les autoriza a transferir la custodia de estos niños y jóvenes a entidades privadas, ONG y otras administraciones autonómicas.


Por otra parte, la reforma incorpora mayores sanciones para quienes trafiquen con personas o promuevan la inmigración irregular y contempla la ampliación a 60 días del plazo máximo que puede permanecer un extranjero privado de libertad en un centro de internamiento en espera de que se ejecute su expulsión del territorio.


Con motivo de la votación de esta reforma, representantes de distintas ONG y asociaciones van a concentrarse junto al Congreso de los Diputados en protesta por el contenido de la nueva ley, al entender que “contempla a la población inmigrante como mano de obra y no como seres humanos, restringiendo sus derechos fundamentales y sus libertades”.


Según informó ACSUR en un comunicado, “una vez más, se apostará por crear instrumentos legales que legitimen las políticas de restricción de derechos y libertades de las personas migrantes, y por el control policial, fomentando así la criminalización de este colectivo en específico”.

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