La Rioja, entre las comunidades que más aportan a la Ley de Dependencia

Lo revela el informe 'Financiación y costes de la Ley de Dependencia', realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. De otro lado, el estudio revela que las comunidades autónomas de Canarias, Baleares y Murcia vulneran el sistema de financiación de la Ley al no aportar nada al sistema y atender a sus dependientes con los fondos estatales y las aportaciones de los propios beneficiarios.

Así, la Administración General del Estado (AGE) aporta para 2009 más de la mitad de los fondos para el desarrollo de esta ley, es decir, 1.935 millones (55,7%), mientras que los usuarios aportan 585,1 millones (16,8%) y la comunidades 954,2 millones (27,5%). Sin embargo, la propia norma establece que, deducida la aportación de los dependientes, las administraciones autonómicas deberían aportar lo mismo que el Estado.

Pero entre todas ellas, el estudio destaca el papel de Canarias en el sistema de financiación de la norma, puesto que recibe del Estado 53,6 millones (118%) y los usuarios aportan más de 8.300 millones (18,5%), de tal manera que no sólo no aporta nada al sistema, sino que con estos fondos puede atender a todos sus dependientes e incluso le sobra dinero (16.863 millones).

Algo similar ocurre con Murcia, que percibe de la AGE 63.492 millones (98,4%) y los beneficiarios pagan 5.276 millones (8,2%), de tal manera que le sobran 4.233 millones (6,6%). Por su parte, Baleares recibe del Estado 35.588 millones (93% por ciento del coste), los usuarios aportan 5.535 millones (14,5%) y, por tanto a esta comunidad le sobran casi 3.000 millones (8%). A esta lista de las autonomías que menos aportan se suman Extremadura, Galicia, Cataluña y Aragón.

El trabajo destaca que existen comunidades autónomas cuya aportación es similar a la del Estado, acercándose así a los parámetros correctos del modelo de financiación. Se trata de Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha y Valencia. Otras, pueden verse perjudicadas por aportar sensiblemente más que la propia AGE para el sostenimiento del sistema, como Cantabria, Castilla y León y La Rioja.

Un caso aparte es la Comunidad de Madrid, que, si bien también supera a la aportación del Estado, sus dependientes son también los que más contribuyen a cofinanciar los servicios que perciben, concretamente el 24 por ciento -7,2 puntos por encima de la media nacional-, demás de estar a la cola en cuanto al número de beneficiarios atendidos.