El PR advierte de los 4 millones de euros en impuestos por las obras del Soterramiento que “han volado” de La Rioja

El Partido Riojano presentará una proposición no de ley en el Parlamento de La Rioja para que el Gobierno regional inste al Central a modificar la Ley 30/ 2007 de contratación de obras públicas y que se recoga el criterio de radicación de empresa como valor para adjudicar una obra.

Los regionalistas han hecho esta propuesta debido a la adjudicación a la empresa Sacyr de las obras de la primera fase del Soterramiento del Ferrocarril de Logroño. Sacyr, según el PR, ha sido la única empresa que concursaba en solitario ya que el resto lo hacía en UTE con alguna empresa riojana. “Nos llama la atención que la única empresa de estas características se haya llevado la adjudicación cuando, además, no había presentado el proyecto más barato” ha asegurado el diputado regional, José Toledo.

El diputado del PR cree que todo esto es fruto de la debilidad de La Rioja ante Madrid, tanto por su densidad de población como por su peso político para los dos grandes partidos nacionales. “No entramos en valoraciones sobre ilegalidades, sino en por qué el Ministerio de Fomento no ha respondido a las esperanzas de las empresas constructoras riojanas a participar en las obras del Soterramiento, ya que formaban parte de un UTE con otras empresas que concursaban al mismo nivel”.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño y secretario general del PR, Miguel Gómez Ijalba, ha asegurado que de producirse esta modificación en la Ley de contratación pública se garantizaría que los impuestos derivados de esta productividad pública se queden en las comunidades autónomas donde se realizan las obras.

Ijalba ha asegurado que los 130 millones de euros de inversión pública en las obras del Soterramiento, 4 millones en impuestos se quedarán en el domicilio fiscal de la empresa Sacyr que no participa de ninguna otra empresa riojana, por lo que ese dinero “ha volado” de La Rioja.

El político regionalista también se pregunta por qué de las 10 empresas que participan en la adjudicación, sólo Sacyr lo hacía en solitario sin presentar el proyecto más económico y que es normal que existan sospechas de que con esta adjudicación se iban a pagar una serie de favores por otras obras en Barcelona.