El CES cree que la Ley de Acompañamiento del Gobierno crea inseguridad jurídica

El Consejo Económico y Social de La Rioja (CES) afirma que el “uso extensivo” de la Ley de Acompañamiento le “resta coherencia” y dificulta “su comprensión global”, lo que conlleva el riesgo de que se pueda producir “inseguridad jurídica tanto a los intérpretes y aplicadores de la norma como en cualquier ciudadano obligado por ellas”.

Así se asegura en el Dictamen del Consejo sobre el Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de La Rioja para el año 2010, dado hoy a conocer. Por ello, en el documento se aconseja que “en la medida de lo posible, todas las normas, y, en especial aquellas que tienen rango de ley, se elaboren dentro del ámbito material que les corresponda y se mantengan en él tras las correspondientes modificaciones y refundiciones”.

En este sentido, considera que la Ley de Acompañamiento “no es el marco adecuado” para realizar la transposición de la Directiva de la UE sobre los servicios en el mercado interior “puesto que afecta a diversas disposiciones normativas de especial importancia para el sector”.

Recuerda el CES que en la Ley de Acompañamiento se introducen modificaciones a las leyes de Ordenación de la Actividad Comercial y las Actividades Feriales en La Rioja, y a la de Turismo de la comunidad, además de afectar también “a la actividad administrativa de los municipios”, con “ligeras” modificaciones a la Ley de Administración Local riojana.

El Consejo incide en que el plazo para la transposición de la Directiva europea era de tres años, hasta el 28 de diciembre de 2009, por lo que entiende que “se ha gozado de un plazo amplio para proceder a ajustar la normativa interna al mandato comunitario, sin necesidad de abordar estas modificaciones, a última hora, en esta Ley de Acompañamiento a los Presupuestos”.

Además, el Dictamen recalca que UGT y CC.OO. han emitido un voto particular en el que se reflexiona que la situación económica y social del país y de la comunidad “hace necesario” constatar “la correspondencia de las modificaciones legales establecidas en el Anteproyecto de Ley con los fines y objetivos que debiera pretender, como son el estímulo a la actividad económica, el crecimiento del empleo y la consolidación de la protección social”.

Señalan los sindicatos que las modificaciones introducidas inciden en unos casos “en planteamientos fiscales anteriores, mientras que en otros son novedades legales que, en términos generales, no vienen sino a elevar algunas deducciones fiscales”.

“La política fiscal ha de ser instrumento adecuado para un desarrollo equilibrado y armónico del conjunto de la sociedad, tomando criterios de justicia distributiva en una aplicación equitativa de las medidas, y deseable desde la corresponsabilidad con las demás administraciones, para una progresividad fiscal y las mejoras previstas para los administrados riojanos”, añade.

Sin embargo, a juicio de los sindicatos del CES, estos criterios no sólo no aparecen en la Ley, sino que, “por el contrario, constatamos con preocupación la insistencia en la rebaja de los impuestos como criterio definido en línea argumental de la política fiscal”. Muestran, por ello, su “máxima preocupación por el déficit fiscal que, entre otros factores, por la reducción impositiva propuesta, puede estrangular un crecimiento sostenible en el futuro”.

Frente a esta situación, estiman “necesario y congruente que la política fiscal muestre su potencialidad de recaudación tributaria, bajo la premisa de quien más posea más tribute para lograr ese desarrollo equilibrado necesario a todas luces para salir del atolladero económico y social”.

Por último, UGT y CC.OO. dicen que las medidas de tipo administrativo sob “de baja intensidad” y ven “significativo” que la Ley “no contemple ninguna medida de tipo social, que permitiera afrontar las graves situaciones en las que viven muchas personas en la comunidad, teniendo en cuenta que existe un nivel de pobreza estructural en la que malvive en torno al veinte por ciento de la población riojana