Violencia contra los indígenas en Guatemala

En los últimos días, Guatemala ha vivido una ola de violencia que ha provocado la muerte de varios trabajadores indígenas. El pasado día 12 de octubre, un trabajador rural murió y dos resultaron heridos cuando un hombre armado no identificado disparó contra una multitud de trabajadores rurales indígenas que se manifestaban en la ciudad de Guatemala para protestar contra la política agraria del gobierno, según han informado organizaciones de defensa de los derechos.

Ante estos hechos, la ONG Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades guatemaltecas que investiguen exhaustivamente éste y otros homicidios que se han producido en las últimas dos semanas en el país.“La violencia debe investigarse y los responsables no pueden quedar impunes”, ha manifestado Javier Zúñiga, asesor especial de Amnistía Internacional.

El pasado 27 de septiembre, la disputa que mantiene la comunidad de Las Nubes con la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la empresa canadiense HudBay Minerals Inc., por las tierras, provocó la muerte de un hombre indígena. Según los testigos, los guardias de seguridad de la empresa fueron los responsables de su asesinato. El homicidio se produjo cuando los residentes locales se agruparon para oponer resistencia ante un posible desalojo forzado.

Testigos y activistas de defensa de los derechos humanos han manifestado que, durante aquel incidente, los guardias dispersaron con violencia a los miembros de la comunidad local en El Estor, departamento de Izabal, en el nordeste de Guatemala.

Según declaraciones de testigos, los guardias de seguridad de CGN apuñalaron a un maestro local, Adolfo Ich Chamán, con un machete, y luego dispararon contra él y lo mataron.

Otras siete personas de la comunidad local resultaron heridas de bala

, según indican los informes, durante el violento incidente.

Por su parte, HudBay Minerals Inc. ha negado haber amenazado o haber llevado a cabo desalojos forzados en la zona,

y afirma que los manifestantes atacaron vehículos gubernamentales, saquearon una comisaría, robaron armas, atacaron un hospital patrocinado por CGN e hirieron a miembros de sus fuerzas de seguridad.

Según Amnsitía Internacional, los trabajadores rurales indígenas de esta zona se enfrentan a unas vías inefectivas para resolver las disputas laborales, un sistema de justicia lento y unos sistemas inaccesibles e inefectivos de resolución de los conflictos de tierras.

“El Estado no ha abordado la enorme disparidad en el acceso a asistencia letrada entre los terratenientes y las comunidades de trabajadores rurales marginadas”

, afirma Amnistía Internacional.