Recelo conservador y boicot hispano

Este es el tipo ejemplo de intromisión política que Groves pretende impedir. “Nuestros barrios (castellano en el original) tienen las peores escuelas”, se queja el reverendo Miguel Rivera, director de la Coalición Nacional del Clericado Latino y Líderes Cristianos, a la revista 'Newsweek'. “Tenemos las peores calles, la peor atención médica, por lo que no vamos a permitir en lo más mínimo ser la vaca lechera de los políticos”, advirtió, señalando que el gasto social derivado del censo es “un mito y una mentira”.

Rivera estima “por lo bajo” que 2,5 millones de latinos se abstendrán de contestar a las preguntas de los censores, y otros 2,5 millones más para finales de año. La intención final es emplear este censo como ensayo para coordinar la abstención popular de cara a un plan a mayor escala: dinamitar la mecánica del mismísimo Congreso de Estados Unidos en las próximas elecciones legislativas. “Si los políticos creen que la reforma migratoria no es necesaria, entonces no necesitamos a los políticos”, sentencia el reverendo.

RECELO CONSERVADOR

La congresista republicana por Minnesota, Michele Bachmann, abandera la iniciativa conservadora contra el boicot al negarse a completar el censo. Bachmann argumenta motivos históricos, citando el uso del censo para congregar a los japoneses-estadounidenses en campos de concentración como el de Manzanar durante la Segunda Guerra Mundial.

“Les dijeron que no emplearían esta información contra ellos. Y lo hicieron”, afirma Bachmann, quien cuenta con el respaldo total de los medios más conservadores, empezando por Fox News y uno de sus periodistas más agresivos, el locutor y presentador de TV Glenn Beck, que en un momento dado llegó a expresar su temor de que si no rellenaba el censo, el gobierno le impediría “poseer una pistola” (el censo no guarda ninguna relación con la Segunda Enmienda constitucional que regula la posesión de armas de fuego).

Por lo que se refiere a la congresista --quien sólo va a contestar a una de las preguntas, existe una ley federal que obliga a contestar a la totalidad del censo so pena de una multa de 5.000 dólares, pero raramente ha sido aplicada.