Represalias constantes en Honduras

Tras el golpe de Estado del pasado mes de junio, los derechos humanos en Honduras están en permanente peligro. Según la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional , en el país centroamericano se ha producido “un fuerte aumento de las palizas policiales y de las detenciones masivas de manifestantes, así como de los actos de intimidación contra defensores y defensoras de derechos humanos”.

La organización ha recibido varios informes en los que se denuncian situaciones como la sucedida en la sede de la ONG Cofadeh, donde 15 policías lanzaron botes de gas lacrimógeno contra 100 personas, entre las que había niños y mujeres. “Muchas de ellas habían acudido a las oficinas para denunciar abusos cometidos por la policía durante la disolución de una manifestación celebrada ese mismo día frente a la embajada de Brasil en Tegucigalpa, donde está refugiado el presidente hondureño destituido, Manuel Zelaya”, afirma Amnistía Internacional.

Además, dichos documentos indican que numerosos manifestantes fueron golpeados por los agentes, quienes detuvieron a centenares de personas sólo en Tegucigalpa. Los informes señalan también que se produjeron violaciones de derechos humanos similares en todo el país.

“La situación en Honduras sólo puede ser calificada de alarmante. Los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos, la suspensión de medios de comunicación, las palizas a manifestantes por la policía y los informes cada vez más numerosos de detenciones masivas indican que los derechos humanos y el Estado de Derecho en Honduras corren grave peligro”, ha declarado Susan Lee, directora del programa de América de Amnistía Internacional.

“La única vía de avance es que las autoridades de facto pongan fin a la política de represión y violencia y respeten los derechos a la libertad de expresión y de asociación. También instamos a la comunidad internacional a que busque una solución con urgencia, antes de que Honduras se hunda aún más en una crisis de derechos humanos”, ha subrayado Lee.

Aunque la mayoría de los detenidos están ya en libertad, las detenciones arbitrarias en masa podrían hacer que los detenidos fueran vulnerables a abusos contra los derechos humanos como malos tratos, tortura o desaparición forzada.

Por otro lado, Amnistía Internacional denuncia los límites impuestos a la libertad de expresión desde el golpe de Estado, que incluyen el cierre de medios de comunicación, la confiscación de material y malos tratos a periodistas y operadores de cámara que informaban de los sucesos.