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El 23 de septiembre de 2009

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Madrid recurre ante el Supremo el Real Decreto de Extrajería

Ha presentado un recurso contencioso-administrativo el Real Decreto por el cual se permite a las comunidades autónomas conceder permisos de trabajo a extranjeros.

Europa Press

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto aprobado por el Gobierno central, que reforma el Reglamento de la Ley de Extranjería sin haber modificado antes la propia Ley, y en el que permite a las comunidades autónomas conceder permisos de trabajo a extranjeros, ya que considera que es "inconstitucional, vulnera la jerarquía legislativa y perjudica la eficacia de la Administración".

Así lo ha manifestado hoy el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. La reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería --acordado por el Gobierno en julio pasado (RD 1162/2009) permite que las comunidades autónomas que recojan la mencionada reforma en sus Estatutos --como se produce en los casos de Cataluña y Andalucía--, puedan conceder permisos iniciales de trabajo para los extranjeros.

El consejero considera que el reglamento vulnera la distribución constitucional de las competencias. Según ha informado Fernández Lasquetty, el Gobierno regional considera que las competencias en materia de permisos de trabajo deben continuar en el ámbito estatal, según lo recoge el artículo 149.1 de la Constitución española, que señala que "al Estado le corresponde la competencia exclusiva en materia de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, no siendo susceptibles de transferencia o delegación".

"La Constitución Española lo deja clarísimo que la competencia sobre extranjeros y flujos migratorios corresponde al Estado. A pesar de ello, los Estatutos de autonomía aprobados hace dos años por Cataluña o Andalucía incluyen esta competencia", aclaró Lasquetty.

En este sentido, recordó que el Partido Popular recurrió en su día la integridad del nuevo Estatuto catalán, y está pendiente de la resolución del Tribunal Constitucional sobre su constitucionalidad. Por ello, el consejero cree que con este Real Decreto el Gobierno central ha querido "adelantarse" a esta resolución judicial por motivos políticos y de "situación parlamentaria" tanto en el Congreso como en el Parlamento de Cataluña.

"RUPTURA" DE LA UNIDAD PARA REGULAR LA INMIGRACIÓN
Por lo tanto, para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, el Gobierno nacional "ha quebrantado el procedimiento que establece el cambio normativo, con el fin de poder traspasar unas competencias a algunas comunidades autónomas que, en este caso, supone la ruptura de la unidad política establecida para regular los flujos migratorios, con los que el Gobierno regional madrileño está de acuerdo".

Pero, además, este traspaso competencial supondría, según el consejero de Inmigración, un "caos burocrático" y un "desequilibrio" entre las regiones que tendrían competencias en permisos de trabajo y las que no, por lo que cree que este nuevo procedimiento "no es propio de una política seria en un tema tan importante como la inmigración".

"En el primero de los casos, el desorden administrativo se produciría como consecuencia del desdoble burocrático que esta reforma conlleva: las comunidades autónomas iniciarían por su lado los expedientes para otorgar los permisos de trabajo y, paralelamente, la Administración central comenzaría otro proceso para conceder los permisos de residencia a una misma persona extranjera. Habría trabajando dos administraciones paralelamente. Ambos procesos, hasta la fecha, están centralizados en el Estado", indicó.

Asimismo, Lasquetty afirmó que esta normativa crearía un "desequilibrio regional", ya que la concesión de los permisos iniciales de trabajo "estarían sujetos a la arbitrariedad de cada comunidad autónoma y que si el extranjero solicitara mudarse a otra región, ésta tendría que asumir los gastos de integración, en asistencia sanitaria, educativa y de prestaciones sociales".

LA DECISIÓN DE UNA COMUNIDAD AFECTARÁ A TODAS
El consejero argumenta, igualmente, que las consecuencias de las decisiones que tome una sola comunidad, con sus criterios propios, afectaría en corto plazo de tiempo al resto de las autonomía. Por ello, tildó de "injusto" e "inadecuado" que el resto de las regiones estén "a merced" de otra.

"Si a una persona se le concede permiso de trabajo sólo en Cataluña, al cabo de un año ya no existirían limitaciones geográficas y quedarían habilitados automáticamente para trabajar en todo el territorio nacional. Si el Gobierno no es capaz de controlar las fronteras de España, mucho menos lo será para controlar dónde acaban trabajando los ciudadanos extranjeros", apostilló.

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