Los inmigrantes irregulares, sin opciones

La voz de alarma la han dado Cáritas Española , Red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) . La próxima reforma de la ley de extranjería dejará sin amparo sanitario y educativo a los inmigrantes que lleguen en situación irregular a España.

Las personas que no posean los papeles no podrán empadronarse en ninguna localidad española, por lo que no tendrán opción de acceder a los sistemas sanitarios y educativos públicos.

Según estas organizaciones, la Exposición de motivos que precede al anteproyecto de la ley identifica el concepto “residencia” con el de “autorización de estancia o residencia legal”. Por ello, cuando el artículo 6.3 del texto dice que los ayuntamientos incorporarán al Padrón a los extranjeros que “residan” en su territorio, “está excluyendo” a aquellos que se encuentren sin papeles.

Ana Abril, coordinadora del Área de Análisis y Desarrollo Social de Cáritas Española, advierte de la doble consecuencia que tendrá este cambio. Supondrá “un recorte del derecho a asistencia sanitaria y a la educación” de los inmigrantes y “se invisibilizará la realidad porque los ayuntamientos no tendrán una clara percepción” de la población en el municipio.

Las ONG han expresado sus dudas sobre que la restricción de estos derechos sea la “intención” del legislador al introducir la modificación del padrón y no un “lapsus”, motivo por el que instaron a los grupos parlamentarios a incorporar este precepto en sus propuestas de enmienda para evitar que salga adelante y “desvirtúe el objetivo del empadronamiento, que no es otro que dejar constancia de las personas que viven en un municipio”.

Pero ésta no es la única objeción que este grupo de organizaciones hace a la reforma de la ley de extranjería. La denuncia también alcanza a las restricciones que se imponen a los inmigrantes en materia de vivienda social, ya que el anteproyecto de reforma plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas. Con este requisito “no sólo estamos mermando su derecho sino también provocando una política ineficiente”, han adevertido las ONG.

La directora técnica de Red Acoge, Begoña Santos, ha destacado cómo se ha endurecido el régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión. Según Santos, en la práctica, la media de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 20 a 30 días, por lo que “no se justifica” la ampliación para agilizar repatriaciones. Además, recordó que la Directiva de Retorno europea sobre la materia es de “mínimos” y no obliga a los Estados a imponer condiciones más restrictivas de las que ya tenga en vigor.

Además, las organizaciones han criticado la restricción de las reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores), la falta de soluciones para el problema de los menores inmigrantes que alcanzan los 18 años de edad bajo tutela de la Administración Pública y las “condiciones más gravosas” que impone el anteproyecto a los extranjeros para acceder a la justicia gratuita, por entender que se trata de “retrocesos” que llegan en un “momento inoportuno” porque “asocian crisis e inmigración” y que “no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo”.

Según las ONG, estas propuestas de modificación se han trasladado a todos los grupos parlamentarios e incluso se han mantenido reuniones con algunos de ellos. Los portavoces de las organizaciones afirman haber encontrado “receptividad” en los diputados, aunque “hay posiciones que dependen no sólo de lo que es deseable y lo que son los derechos, sino del equilibrio de votos y de políticas más localistas que acaban afectando” a la negociación sobre la futura ley.