Tortura y trato inhumano

El representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Christian Salazar, ha señalado en un informe que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia someten a los rehenes a un trato “inhumano y degradante”.

Salazar ha expresado que se encuentra “sumamente preocupado por el trato inhumano y degradante que sufren personas secuestradas por las FARC”, al tiempo que ha exigido la “liberación inmediata y sin condiciones” de todos los secuestrados, incluidos aquellos que, retenidos por razón del conflicto, permanecen recluidos “en completo desprecio por los estándares mínimos de dignidad y humanidad que el derecho internacional humanitario”.

Salazar se ha pronunciado sobre el grave conflicto un día después de que el Ejército colombiano divulgara pruebas de vida de 10 militares y policías que llevan más de una década secuestrados por la mayor guerrilla izquierdista del país iberoamericano. En los vídeos que fueron confiscados por el Ejército a un enviado de la guerrilla, los rehenes, atados con cadenas y candados, saludan a sus familias, mientras que otros claman por un acuerdo que les permita recuperar la libertad.

Las FARC mantienen en su poder a soldados y policías mientras presionan al Gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en busca de un acuerdo humanitario para intercambiarlos por guerrilleros presos, y aunque recientemente han suavizado su postura para llegar a una postura común, los dos rehenes continúan secuestrados debido a que el Gobierno no ha facilitado las condiciones para la entrega.

La Fiscalía colombiana investigará por secuestro y tortura a la cúpula de las FARC, los investigadores solicitarán el contenido de las pruebas de supervivencia de los secuestrados a los jueces, quienes deben preservar la cadena de custodia de estos materiales. No se descarta que la Fiscalía también solicite al Ejército que remita las pruebas, con el fin de adjuntar los videos a las investigaciones.

Actualmente, la cúpula de las FARC está siendo investigada por el secuestro de los diez policías y militares de quienes se conocieron pruebas de vida, pero que ahora se sumará como delito conexo la tortura a la que están siendo sometidos los rehenes al permanecer encadenados en la selva.