Dónde se halla el desaparecido

El 30 de agosto el mundo entero recuerda a las personas que un día desaparecieron de sus hogares en el Día Internacional de los Desaparecidos. Amnistía Internacional junto con otras ONG, asociaciones de familias y grupos de base, quiere recordar a estas personas y exige que haya justicia con las víctimas de desapariciones.

Según la organización pro derechos humanos, “los gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos.”

La ONG ha recordado que tan sólo en el conflicto armado de Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa sufrieron desapariciones forzadas a manos de la policía serbia y de las fuerzas paramilitares y militares. “Más de 800 serbios, romaníes y otras personas fueron secuestrados por miembros de grupos étnicos albanos armados. Más de 1.900 personas en Kosovo y Serbia continúan a la espera de saber qué les ocurrió a sus familiares”, afirma la organización.

Otro ejemplo de desapariciones forzadas es Chechenia, que desde que en 1991 intentara escindirse de la Federación Rusa, ha sufrido dos conflictos armados y de una dura operación antiterrorista que han provocado miles de desapariciones.

Según Amnistía Internacional, más de 1.600 personas han desaparecido en Filipinas desde la década de los 70, principalmente en operaciones de contrainsurgencia contra grupos de izquierda o secesionistas. “Los familiares y los amigos de las personas desaparecidas sufren la angustia de la incertidumbre y no pueden llorar su pérdida ni continuar con sus vidas.”, declara la ONG.

Sin embargo, la organización recuerda que la comunidad internacional cuenta con un medio para hacer frente al problema de las desapariciones forzosas: la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada en 2006. Dicho acuerdo todavía no ha entrado en vigor pero podría suponer un punto de partida para obligar a los Estados “a garantizar que las desapariciones forzadas sean tipificadas en su legislación penal interna, a proteger a los testigos y a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada”, afirma Amnistía Internacional.