Los crímenes de Ciudad Juárez superan los 1.400 muertos

Rioja2

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Vivir en Ciudad Juárez lleva más de una década siendo un verdadero peligro. Los asesinatos, prácticamente diarios, que asolan la ciudad más grande del estado mexicano de Chihuahua no parecen disminuir. Durante estos primeros meses de 2.009, en total 1.424 personas han muerto en Ciudad Juárez, como consecuencia de la violencia ligada al crimen organizado. A esta cifra hay que sumarle las 22 personas que han fallecido en las últimas horas en la región.

Entre las víctimas de los últimos ataques se encuentra un agente de la policía municipal, que solicitó su retirada tras las últimas amenazas de muerte recibidas por bandas narcotraficantes, y un joven de 15 años.

La situación es tal, que ni siquiera el Ejército mexicano puede controlar el caos que se apodera de la ciudad. En el mes de marzo, 10.000 soldados y policías federales llegaron a la ciudad, trayendo consigo una calma temporal. Sin embargo, tres meses más tarde los asesinatos del narcotráfico se han reanudado y rebasan los niveles de 2008, según la Policía y los medios.

Por si estos fueran pocos problemas, Ciudad Juárez tiene que afrontar la importante cantidad de policías corruptos que trabajan abiertamente para los cárteles pese a las omnipresentes patrullas militares.

Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha propuesto una iniciativa para que cada ciudadano tenga un arma reglamentaria para defenderse. “La autoridad no puede sola y mucho menos cuando está infiltrada por criminales”, afirma Gustavo de la Rosa Hickerson, visitador de Atención a Víctimas y Proyectos Especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH). La sociedad tiene que hacer su parte, insiste.

La población de Ciudad Juárez también quiere poner fin a este problema que lleva años condenándoles a vivir sin paz ni libertad. Por ello, algunos ciudadanos organizados han creado la Web www.cmcjuarez.com , que pretende tener su sede central fuera del país, para así poder informar de secuestros, proteger el anonimato de los denunciantes y evitar las infiltraciones de los policías corruptos o los propios delincuentes.

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