Pros y contras de la Ley de Extranjería

La reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Gobierno el 1 de julio de este año no satisface a todo el mundo, el principal objetivo de la reforma (la cuarta desde su aprobación en el año 2000) es canalizar de forma ordenada los flujos migratorios en España y contribuir a crear un marco común europeo de política migratoria.

El Gobierno ha tramitado la ley con carácter urgente en las Cortes, sin embargo los partidos políticos tanto de izquierda como de derecha se oponen a esta reforma. El PP sostiene que la ley no contribuye a solucionar el problema de la inmigración clandestina, mientras que partidos como ERC-IU-ICV y PNV consideran que la norma ofrece pocas garantías a los inmigrantes.

Medidas que beneficiarán a los inmigrantes

La reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero es necesaria para incluir las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los derechos y libertades de los inmigrantes, la norma reconoce el derecho de asociación a este colectivo, algo que no estaba contemplado con anterioridad.

Aunque la nueva ley limita la reagrupación a la ''familia nuclear'', es necesario destacar que dentro de esta categoría se incluye a la pareja del reagrupante – de hecho y matrimonio- , a los ascendientes mayores de 65 años y a los hijos del reagrupante y su pareja. La nueva medida facilitará el acceso al mercado laboral a las personas reagrupadas.

Las mujeres en situación irregular o con un expediente de expulsión abierto que denuncien casos de maltrato o violencia machista podrán obtener una autorización de residencia mientras dure el proceso judicial y el expediente de expulsión se paralizará. Cuando haya una sentencia firme que demuestre que ha habido maltrato, las mujeres podrán acceder a una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

Esta medida busca que las mujeres maltratadas denuncien a sus verdugos, según el Observatorio de la Mujer del Ministerio de Igualdad el 23,5 por ciento de las mujeres agredidas en lo que va de año son extranjeras.

Los inmigrantes con residencia legal en España podrán ''ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales'' de acuerdo al principio de reciprocidad que recoge la Constitución española.

Endurecimiento de las sanciones

Una de las razones de esta reforma es incluir las directivas aprobadas por el Parlamento europeo los últimos años. La más dura es la directiva de retorno de inmigrantes aprobada el 18 de junio de 2008, con esta medida se pretende crear un marco común para canalizar los flujos migratorios.

La norma europea establece que el plazo máximo de retención de los inmigrantes en un Centro de Internamiento para Extranjeros es de 60 días (en España el plazo era de 40). Esto ha provocado que las asociaciones de inmigrantes protesten en contra de la reforma ya que supone la privación de libertad a las personas que se encuentren en situación irregular en España.

Muchas organizaciones de derechos humanos denuncian que estos centros no están acondicionados para mantener retenidos a los inmigrantes por mucho tiempo y sus condiciones son mucho peores que en una cárcel.

Sin embargo, el Gobierno permitirá el acceso a las ONG a los centros para evaluar la situación en la que se encuentran las personas detenidas.

De aprobarse la ley, las sanciones contra los inmigrantes irregulares y las personas que faciliten la llegada y la estancia de una persona indocumentada también serán más duras.

Será infracción grave ''consentir la inscripción de un extranjero en el Padrón Municipal, por parte del titular de una vivienda, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real el extranjero''. También se considerará grave promover ''la permanencia irregular cuando el extranjero dependa económicamente del infractor y se prolongue la estancia autorizada más allá del periodo legalmente previsto''.

Estas y otras infracciones se pagarán con multas de 500 euros (en el caso de infracciones leves) y de hasta 100.000 para las faltas consideradas muy graves.

Al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo español le queda un largo camino por recorrer antes de ser aprobado por las Cortes (se requiere de la mayoría absoluta de ambas cámaras). En septiembre se debatirá sobre las enmiendas parciales en el Congreso.