La Democracia hondureña, herida de gravedad

Desde que el pasado 28 de junio se conociera la noticia de que el presidente electo de Honduras Manuel Zelaya había sido deportado a la fuerza hacia Costa Rica, pocos han sido los avances que muestren un camino claro hacia la restauración de la democracia destituída en el país.

Las Fuerzas Armadas de Honduras procedieron a la detención de los ocho ministros de Zelaya, tras la expulsión del país del país del presidente, y Roberto Micheletti le relevó en el cargo en un gobierno interino que dice defender los “ataques a la democracia” que Zelaya ha protagonizado.

Los supuestos ataques de Manuel Zelaya se basan en la propuesta por parte del presidente de someter a referéndum la propuesta sobre si el pueblo hondureño aprobaba o no una reforma de la Constitución. Los golpistas afirman que Zelaya quería reformar la ley que le impide gobernar tras la presente legislatura, aunque el presidente destituído lo niega tajantemente.

El origen de las tensiones

El presunto origen de las tensiones entre la línea del gobierno de Manuel Zelaya y el grupo de golpistas, podría venir de la pertenencia del presidente derrocado a una de las principales familias latifundistas de Honduras, razón que no fue suficiente para que la política de su gobierno no apostara por las mejoras de las desigualdades sociales.

Por este motivo, a Zelaya se le ha acusado desde lo más alto de la oligarquía hondureña de “traidor de clase”. El presidente depuesto se ha defendido asegurando que pretendía llevar a cabo las reformas dentro del esquema liberal, pero que no ha sido posible porque “los ricos no sueltan un penique”, por lo que ha decidido llevar a cabo cambios que implicaran al pueblo en la tarea de limar desigualdades en el país.

La Constitución hondureña actual, firmada en 1982, fue elaborada por los principales grupos económicos del país, y refleja serios problemas para modificar aspectos que perpetúan en el país uno de los repartos de riqueza más inequitativos del mundo, donde un 60% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza, y más de un tercio, en situación de pobreza extrema. La tasa de empleo de Honduras se sitúa actualmente en torno al 30%, y la corrupción política en un fenómeno sin precedentes, habiéndose generalizado la expresión popular “un diputado en Honduras vale menos que una mula”.

Los golpistas pertenecen a esa élite de familias dueñas de la mayoría de las riquezas de Honduras. Se declaran defensores del presente orden constitucional a ultranza, e incluso instan a la Organización de Naciones Unidas a que visiten el país para comprobar de primera mano la estabilidad que están promoviendo. También se muestran dialogantes ante el mediador del conflicto, el presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias.

La represión

Las informaciones que llegan de Honduras no hablan de la supuesta estabilidad de la que Micheletti presume ante la ONU. Desde el 28 de junio las manifestaciones en defensa a Zelaya como presidente, y los enfrentamientos entre manifestantes y policía han sido contínuos, y se han cobrado ya dos vidas.

El último incidente sucedió este miércoles, cuando la Policía de Honduras ha asaltado la Universidad Nacional Autónoma, donde los estudiantes estaban llevando a cabo una asamblea para reafirmar su oposición y la de la Junta de Gobierno de la Universidad al golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.

La Policía consiguió entrar en la Universidad, pero los centenares de estudiantes que se encontraban dentro del edificio lograron expulsar a las fuerzas de seguridad, que estaban utilizando un cañón de agua y gases lacrimógenos para reducirles, según informó el director de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Rafael Palacios, que se encuentra en el lugar del incidente. Además, según Palacios, algunos testigos decían haber oído “disparos esporádicos”, y se han producido varios heridos, aunque no detenciones.

El pasado domingo se había producido también la muerte del profesor Roger Vallejo en una manifestación defensora de Zelaya. Murió de un disparo de la policía que le alcanzó en la sien. Tras el velatorio de este profesor, uno de los asistentes fue acuchillado.

Manuel Zelaya afirmó que “la guerra civil ya comenzó en Honduras” porque “ya hay sangre corriendo sobre la memoria de los golpistas” al recordar la muerte de un joven de 15 años el pasado 5 julio cerca del aeropuerto de Tegucigalpa, cuando decenas de manifestantes esperaban el retorno del mandatario depuesto.

El aterrizaje del presidente en suelo hondureño fue frustrado por los camiones que el Ejército situó en las pistas de aterrizaje, tras varias vueltas sobre el aeropuerto, el avión de Zelaya tuvo que desistir de su intención de volver a su país. Muchos de sus partidarios le esperaban y se enfrentaron a la policía que intentaba disolverlos.

“Cualquiera que esté en Honduras puede ver que ya empezó ese enfrentamiento, esa guerra civil”, advirtió Zelaya al asegurar que el Gobierno 'de facto' “no va a ceder ahora a ese poder que ha ganado de forma violenta” porque se trata de “una oligarquía que ha explotado ese país desde hace décadas”.

Reacciones internacionales

La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de condena al golpe de Estado en Honduras y la deposición del Presidente Manuel Zelaya en la primera semana desde que se produjo la destitución del presidente. El texto, aprobado por aclamación, demanda la inmediata e incondicional restauración del Gobierno y que el presidente Zelaya concluya el mandato para el que fue electo democrático.

Este documento también hace un llamamiento firme y categórico a todos los Estados a no reconocer a ninguna otra autoridad en el país centroamericano que no sea la del Presidente Zelaya. Igualmente respalda los esfuerzos regionales para resolver la crisis política en Honduras.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha asegurado que lo ocurrido en Honduras es un golpe de Estado “ilegal”. En su opinión, le recuerda a los “tiempos oscuros” vividos en la región, tras lo cual subrayó que Manuel Zelaya sigue siendo el presidente legítimo del país centroamericano.

Obama considera que si no se da marcha atrás al golpe de Estado en Honduras se sentará un “terrible precedente” en la región. En este sentido, se comprometió a trabajar con la Organización de Estados Americanos (OEA) para restaurar en el poder a Zelaya.

La primera reacción internacional fue la del presidente venezolano Hugo Chávez que calificaba la detención de Zelaya como de “golpe de Estado troglodita”. Paralelamente, la Organización de Estados Americanos convocaba una reunión de emergencia de su Consejo Permanente para estudiar la situación.

El mediador entre las partes enfrentadas en el conflicto de Honduras es el presidente de Costa Rica, y Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias. Su propuesta, llamada “Acuerdo de San José” se basa en el retorno de Manuel Zelaya a la presidencia de Honduras, aspecto al que el gobierno interino se niega tajantemente. Zelaya no acepta no celebrar el referéndum consultivo, por lo que las negociaciones se encuentran en un punto muerto en el que al mediador no le quedan más opciones que instar a las partes a que recapaciten.