El miedo al aborto en Nicaragua

El 9 de julio de 2008 la aprobación de varias enmiendas al Código Penal nicaragüense, concretamente las referidas a los artículos 143 y 145, hacía posible que el aborto, en todas sus formas, se convirtiera un delito castigado por la ley.

De esta manera, la legislación de Nicaragua condenará tanto a médicos como a mujeres a importantes penas si practican o se someten a una interrupción voluntaria del embarazo. El artículo 143 advierte que “Quien provoque un aborto con el consentimiento de la mujer será sancionado con la pena de uno a tres años de prisión. Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la pena de inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”.

Con este duro castigo es normal que la mayoría de los profesionales de la medicina en Nicaragua no se arriesguen a realizar un aborto ni siquiera cuando la vida de la madre está en peligro. “Yo siento una frustración muy grande […] yo siento un atropello contra uno mismo como persona y como profesional […]. Ahora, lo peor del caso es que esto ha sido estimulado por un partido político en lo que yo he creído toda mi vida. No puedo entender por qué consideran necesario imponer sus puntos de vista sobre una emergencia obstétrica por sobre lo que yo considero el mejor tratamiento como médica experimentada y profesional”, afirmaba una ginecóloga nicaragüense a Amnistía Internacional (AI).

Los médicos y sanitarios sienten cuestionada su profesionalidad, pero además, si se atreven a emitir una opinión contraria a la ley son acusados de apología de un delito. “Esto es lo que dice la ley [prohibición de todas las formas de aborto] y tenemos que cumplirlo, aunque yo siento que se trata de una mala ley y me opuse a ella originalmente, pero ahora estoy preocupada. Estoy preocupada de que si hablo en contra de la ley, puedo ser acusada de apología de delito. La verdad es que no sé hasta dónde podemos llegar en la lucha contra esta ley, o qué nos pasará en el futuro” declaraba preocupada una médico de Nicaragua a la organización pro derechos humanos.

Un embarazo ectópico, los casos de hipertensión sanguínea, de cáncer y de feto anencefálico son sólo algunos ejemplos médicos

de cómo la vida del no nacido y/o de la madre entran en serio peligro, y en los que muchas ocasiones la mejor opción médica es la práctica de un aborto.

“Cuando surgen complicaciones obstétricas, el objetivo principal de los profesionales de la salud es salvaguardar la vida y la salud de la mujer y conservar el embarazo. Pero en casos que en éste supone un grave peligro para la vida, la intervención médica daría prioridad a salvar la vida de la mujer o la niña”, recuerda Amnistía Internacional tras entrevistarse con diversos médicos nicaragüenses.

Pero, ¿quién sabe más sobre la salud los médicos o los legisladores? Por otro lado, ¿qué ocurre con las mujeres y niñas que han sido víctimas de una violación y se quedan embarazadas?

En octubre de 2006, según Amnistía Internacional, grupos religiosos contrarios a conservar el aborto terapéutico como opción legal “emprendieron una campaña publicitaria de amplio alcance, con anuncios de televisión, folletos e insertos en los periódicos. Para el material de campaña no se utilizaron evidencias médicas ni se hizo referencia a cómo afectaría la prohibición sobre tratamientos médicos necesarios para salvar vidas ni sobre las mujeres y niñas embarazadas a consecuencia de una violación o un incesto.”

Los profesionales de la medicina en Nicaragua quisieron dejar claro su punto de vista sobre esta campaña a través de la 'Declaración de Sociedades MédicasNicaragüenses y Facultades de Medicina sobre la Penalización del Aborto Terapéutico'. Según recoge esta declaración “la campaña en contra del aborto terapéutico se ha basado en argumentos anticientíficos y mentiras, manipulando términos médicos y estadísticas nacionales e internacionales” y “los profesionales médicos y las instituciones formadoras no han sido escuchadas en sus planteamientos científicos y técnicos”.

El caso de las mujeres y niñas víctimas de agresiones sexuales,

es tal vez el más preocupante, ya que son personas que han visto violado su derecho fundamental a la dignidad y encima pueden ver peligrar su derecho a la vida, si el embarazo tiene complicaciones. También, hay que recordar el esfuerzo físico y psíquico que conlleva un parto, unas condiciones que muchas niñas víctimas de violaciones no pueden soportar. Una circunstancia muy preocupante si,además, se tiene en cuenta que según el Instituto de Medicina Legal de Nicaragua, en el 77% de las violaciones denunciadas en diciembre de 2008 (295 de 379 casos) la víctima era una niña menor de 17 años.

En el resto del mundo

Según datos de Naciones Unidas, el 97% de los países del mundo consideran el aborto como un procedimiento médico, fundamental y legal, siempre que se dé dentro de unas determinadas circunstancias. La salud física o psíquica de la mujer, las lesiones en el feto, los casos de violación e, incluso, los motivos económicos y sociales son considerados por la legislación de algunos estados condiciones suficiente para interrumpir voluntariamente un embarazo.

Francia, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Grecia, Noruega, Suiza, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría y República Checa son algunos de los países que permiten a la mujer abortar libremente hasta las 12 semanas de gestación.

Sin embargo, como afirma AI, es una realidad la tendencia mundial está siendo la de ampliar las circunstancias y condiciones en las que puede practicarse el aborto legalmente.

Imágenes cedidas por: AMNISTÍA INTERNACIONAL