La “Fortaleza Europea” cuestiona la conciencia civil

Europa se caracteriza, en términos de inmigración, cada vez más por una política de exclusión, que hace que inmigrantes procedentes de zonas de conflicto o escasez de recursos tengan difícil el acceso a cualquiera de sus países. La política de la Unión en esta materia, no puede garantizar a los retornados una vuelta a su país de manera segura, y carece, además de programas de restablecimiento.

Numerosos gobiernos europeos han intentado controlar a toda costa sus fronteras, restringiendo cada vez más las leyes, y llegando incluso a omitir el derecho de asilo que todos los seres humanos poseen.

Los refugiados en busca de refugio político, e inmigrantes indocumentados, son a menudo detenidos al intentar pasar la frontera de la “Fortaleza Europea”. Asimismo, muchos inmigrantes que ya residen en países europeos, pero que no poseen la documentación pertinente, son detenidos como medida “preventiva”, con el único fin de esperar al orden de su deportación.

Existen los llamados centros de internamiento administrativo y jurídico, que además de en Europa, se encuentran en Marruecos, Argelia o Libia, y sostienen desde estos territorios el control europeo territorial. En estos centros, la detención de un inmigrante o refugiado en solicitud de asilo, puede durar entre unas semanas hasta a un año, según la legislación del país en cuestión.

Estos centros de internamiento no tienen notables diferencias respecto a una prisión común, y se caracterizan por el hacinamiento y la carencia de una política de control común a todos ellos. Según las convenciones internacionales sobre derecho de asilo, los derechos humanos y la detención preventiva, estos centros rozan la frontera de la ilegalidad, y en ellos se violan diariamente derechos humanos básicos.

Las detenciones a menudo las llevan a cabo militares, y a causa de la carencia de intérpretes y trabajadores sociales, conflictos y malentendidos son solucionados por la vía violenta. Los intentos de suicidio son frecuentes entre las personas cuya detención se prolonga, y no siempre son tratados por personal médico

El programa de repatriación del gobierno italiano es un claro ejemplo de la política de exclusión: ha financiado un sistema de repatriaciones a Libia mediante el cual se han distribuído a 5.688 pasajeros en un total de 47 vuelos charter para devolverlos a diferentes países, como Egipto, Siria, Pakistán, Níger, Malí, Sudán o Eritrea. La mayoría de estos países no son seguros para sus habitantes, que quizás por eso decidieron un día marchase de allí.