Quién compra los minerales de la guerra

'Ante un fusil, ¿qué se puede hacer?' con esta cuestión la organización Global Witness titula su último informe que aclara el papel que juegan muchas empresas europeas y asiáticas en la guerra de la República Democrática del Congo.

Las violaciones de mujeres y niñas y los casos de los niños soldados suelen dejar atónita a la opinión pública occidental, pero lo que muy poca gente sabe es quiénes son los que acaban financiando a los perpetradores de estos brutales crímenes. El documento publicado por Global Witness señala a la empresa birtánica Afrimex, a la compañía belga Trademet, y a la empresa Thaisarco, con base en Bangkok pero dentro del grupo británico AMC, como principales compradoras de los minerales con los que comercian los principales grupos rebeldes de la República Democrática del Congo.

El este del país africano posee una gran riqueza mineral: oro, coltan y casiterita, estos dos últimos muy utilizados para la fabricación de ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos eléctricos. La mayoría de estas minas permanecen bajo el control de los rebeldes y el Ejército nacional, quienes se dedican a explotar violentamente a la población civil de esas zonas, para así conseguir el acceso a los preciados minerales.

De las 200 empresas preguntadas por la organización, la mayor parte de ellas no dispone de ninguna medida de control para impedir que los “minerales del conflicto” entren en su cadena de aprovisonamiento. Global Witness afirma que especialmente los gobiernos de Bélgica y Reino Unido se abstienen de tomar medidas rigurosas respecto a las empresas con sede en su territorio, y que su actividad se limita a las relaciones diplomáticas y a la ayuda al desarrollo.

“El gobierno británico es el mayor donante bilateral de ayuda a la República Democrática del Congo, y un país clave en su diplomacia. Su fracaso a la hora de pedir responsabilidades a las empresas británicas está dañando sus propios esfuerzos y permite que uno de los principales responsables del conflicto siga libre”, afirma el director de Global Witness, Patrick Alley.

Además, el director de la asociación recalca la irresponsabilidad de las empresas al actuar de esta manera.“No es suficiente para las empresas decir que compran sólo de exportadores con licencia, cuando saben perfectamente que sus mediadores adquieren minerales a los grupos armados”, declaró. “El fracaso de los gobiernos para que sus compañías respondan, el de Burundi y Ruanda para restringir el comercio a través de sus fronteras y el de los donantes y diplomáticos para afrontar explícitamente el papel del comercio de minerales, han contribuido a que continúe un conflicto que ha terminado con la vida de millones de personas”, concluyó.

La denuncia está hecha; ya se conoce el nombre de quienes con el afán de hacer negocio y lucrarse no dudan en comprar unos minerales manchados de sangre. La solución, ahora, para acabar con este conflicto está en el gobierno de la República Democrática del Congo y en sus vecinos, quienes deben colaborar para impedir el acceso de grupos como Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda a las minas del este del país.

También es imprescindible el papel de la comunidad internacional, ya que cada Estado debe comprobar que sus empresas no estén implicadas en este comercio ilegal y tomar medidas para castigar a quienes no cumplan la ley.

Por último, es fundamental que estas empresas señaladas por Global Witness y otras no citadas pero implicadas en el comercio ilegal de minerales de la República Democrática del Congo sean conscientes del problema y se aseguren que la compra de estos minerales no acabará subvencionando a ninguna parte en conflicto.

Imágenes cedidas por ACNUR