El modelo de financiación autonómica sale adelante sin las comunidades del PP

Así lo ha anunciado el consejero de Economía y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, quien ha asegurado que diez comunidades autónomas han votado a favor, mientras que las seis gobernadas por el PP se han abstenido y Canarias, Cantabria y la ciudad autónoma de Ceuta, gobernada en mayoría por el PP, han votado a favor.

Ahora el Gobierno remitirá a las Cortes la reforma de la ley de financiación de las comunidades autónomas, que deberá ser refrendada por el Parlamento, donde no se esperan sorpresas, dado que además del apoyo del PSOE, contará con el voto favorable de, como mínimo, ERC e IU-ICV. Posteriormente, será discutido por las comisiones de transferencias de las distintas CCAA.

El pasado domingo, la ministra de Economía presentó públicamente el nuevo sistema de financiación y se lo remitió a las comunidades autónomas, tras más de 100 entrevistas con los diferentes representantes de los gobiernos regionales.

La nueva financiación, que entrará en vigor desde 1 de enero de 2009 y se aplicará de forma gradual hasta 2012, aportará recursos adicionales “ligeramente superiores” a los 11.000 millones de euros y permitirá, según el Gobierno, el acercamiento de todas las comunidades autónomas a la media de financiación per cápita.

El modelo, que se actualizará anualmente para reflejar los cambios de la población y su distribución, incorpora mayor corresponsabilidad fiscal al ceder el 50% del IVA y del IRPF y el 58% de los Impuestos Especiales, y pondera distintas variables como la dispersión, el envejecimiento, la insularidad, la superficie o la población en edad escolar. Asimismo, se incluyen los criterios de densidad y bilingüismo a la hora de ponderar la asignación de recursos.

El nuevo modelo garantiza la prestación de los servicios públicos, puesto que dedicará el 80% del total de los recursos a la financiación de los mismos a través del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. En concreto, esta “bolsa común” contará con el 75% de lo recaudado por cada comunidad autónoma a la que se sumará una aportación del Estado equivalente al 5%.