El gobierno español trabaja por las personas discapacitadas

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la creación de un grupo de trabajo interministerial para realizar un estudio integral de la normativa española con el objetivo de adaptarla a las previsiones de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este grupo de trabajo estará presidido por el Ministerio de Sanidad y Política Social e integrado por los siguientes ministerios: Asuntos Exteriores y Cooperación; Economía y Hacienda; Justicia; Interior; Educación; Trabajo e Inmigración; Industria; Turismo y Comercio; Vivienda; Presidencia e Igualdad.

Según informó el Ejecutivo, la convención no establece nuevos derechos, pero prevé medidas de no discriminación y de acción positiva. Así, los estados deberán implantarlas para garantizar a las personas con discapacidad sus derechos en igualdad de condiciones. España ratificó este documento el 30 de marzo de 2007 y entró en vigor el 3 de mayo de 2008.

Para la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el Gobierno ha asumido este instrumento “con el deber de promover y proteger” la discapacidad y anunció que tendrá se concretará en siete meses.

Por otra parte, el Ejecutivo también ha aprobado el III Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, que establece la estrategia del Gobierno para esta Legislatura en esta materia. El objetivo de esta iniciativa es la promoción de la autonomía personal, y para ello se intervendrá en dos direcciones: por una parte, sobre los sistemas de protección social y políticas públicas en general, y por otro lado, sobre las personas con discapacidad, especialmente las mujeres. En este sentido, el documento establece una estrategia en la que se analizan la situación y necesidades de las personas con discapacidad. Asimismo, se reconoce la discapacidad como un componente de la diversidad humana.

El plan tiene una dotación económica de 2.500 millones de euros para el año 2009, de la que la mayor parte está destinada a la acción directa, que incluye las pensiones no contributivas, la construcción y mantenimiento de servicios y centros para atención de día y residencia, o la formación ocupacional.

Además, el Gobierno también dio el visto bueno a la distribución territorial de 40,5 millones de euros para la inserción laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, y 4,4 millones para la promoción de la actividad de cooperativas y sociedades laborales gestionadas por las comunidades autónomas.