Madre, peruana, campesina, pobre e indígena

Según ha informado Amnistía Internacional, las mujeres pobres, campesinas e indígenas de Perú tienen un acceso limitado, precario y menor en comparación al resto de mujeres del país, a los servicios de salud materna. Como consecuencia se registran altos índices de mortalidad materna en el medio rural.

Perú presenta uno de los índices de mortalidad materna más elevados de América. De hecho, según datos oficiales, por cada 100.000 nacidos vivos en Perú mueren 185 mujeres. Según Naciones Unidas, 240 fallecen. La mayoría responden al mismo perfil: campesinos, pobres e indígenas.

Amnistía considera que los altos índices de mortalidad materna (evitables) en el país, constituyen una violación de los derechos humanos. “El Estado peruano sencillamente está incumpliendo su obligación de proporcionar asistencia médica materna a todas las mujeres, al margen de quienes sean y el lugar en donde vivan”, afirma Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú.

Las carencias que la organización a detectado en este ámbito se corresponden con una alarmante falta de acceso a atención obstétrica de urgencia, falta de información y ausencia de personal de salud que maneje lengua indígena.

En el informe se evalúa asimismo el impacto de varias políticas gubernamentales dirigidas a reducir los índices de mortalidad materna, como el incremento del número de casas de espera materna –lugares donde pueden alojarse antes del parto las mujeres que viven a gran distancia del centro de salud–, la mayor promoción del parto vertical, práctica común entre las mujeres indígenas en Perú, y la enseñanza de la lengua quechua a los profesionales de la salud.

Aunque esta serie de iniciativas se valoran positivamente, los afectados, trabajadores de salud y Amnistía consideran que no se están aplicando eficazmente y ponen en duda que estén dando verdaderos resultados.

“Las iniciativas oficiales para reducir la mortalidad materna son buenas noticias –afirmó Nuria García–. Pero la ausencia de responsabilidades claras en su cumplimiento, así como la falta de vigilancia y de asignación eficaz de los recursos, ponen en grave peligro toda iniciativa”.