Los Espacios Naturales Protegidos de la costa española, en peligro
Greenpeace ha presentado hoy la novena edición del informe “Destrucción a Toda Costa”, que analiza el estado de 233 espacios litorales protegidos en España, lo que suman más de 8.000 kilómetros de costa. Este informe afirma que los espacios estudiados no están a salvo de la destrucción del litoral, pese a que la ley debería protegerlos.
Más de la mitad de estos espacios sifren alguna amenaza por razones de urbanismo, infraestructuras o contaminación. Según el informe, Los casos de corrupción urbanística siguen siendo generalizados prácticamente en todas de las comunidades autónomas costeras.
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace afirma que “puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas”, pero añade que “cuando, años después, descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron”.
En la Comunidad de Andalucía existen 18 ENP amenazados, y en ella continúa en pie el hotel ilegal de “El Algarrobico”, en el parque natural de Cabo de Gata-Níjar, como el peor ejemplo para ilustrar la destrucción de los pocos parajes vírgenes con que aún cuenta el mediterráneo.
La Comunidad Valenciana es la que posee más ENP amezanados, que suman, según el informe de Greenpeace, un total de 21. Estas amenazas se extienden por diversos proyectos, como el acoso urbanístico al Parque Natural de La Albufera donde municipios como El Saler, El Palmar o Sueca siguen asfixiando a este humedal.
Tanto en las Islas Baleares como en las Canarias hay 14 ENP amenazados. Uno de los mayores puntos negros de la historia de Baleares es el proyecto de ampliación del puerto de Ibiza, que representa una gran amenaza al Parque Natural de las Salinas de Ibiza y Formentera. En la Comunidad Canaria, el proyecto de puerto industrial de Granadilla es uno de los más graves ejemplos del atropello a un espacio natural.
La paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales, demuestran, según Greenpeace, la nula política de gestión ante la crisis que viven estos parajes.
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