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El 30 de junio de 2009

Tiempo de lectura: 01:23
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Los últimos informes del CSN son “ilegales e inaceptables”

Con estas palabras la coordinadora estatal antinuclear tacha a las informaciones del Consejo de Seguridad Nuclear sobre el estado de la central nuclear de Santa María de Garoña.

Redacción

Los informes emitidos por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre el estado de la central nuclear de Santa María de Garoña, siguen generando sospechas entre los partidarios del cierre de la instalación.

La coordinadora estatal antinuclear, formada por organizaciones y plataformas de todo el país, ha anunciado la preparación de recursos legales que emprenderán en caso de que el Gobierno decida a finales de semana prorrogar la vida útil de la central  y tachó de “ilegales e inaceptables” los últimos informes del CSN sobre la planta.

Estas organizaciones han destacado que dichos informes, que fueron solicitados por el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se realizaron “sorprendentemente” en un tiempo “récord” de 48 horas y señalaron que con ellos el consejo rebajaba sus exigencias iniciales a la planta, en caso de que continuara en operación.

La coordinadora estatal antinuclear reclama al Gobierno que “cumpla con su programa electoral” y proceda al cierre inmediato de una central “vieja, deteriorada, peligrosa y totalmente prescindible, desde el punto de vista energético”.

Por último, la coordinadora recuerda que el actual es un “momento crucial” en la lucha antinuclear, ya que “son muchas las centrales que están al final de su vida útil y deberán cerrar en breve”.

Sin embargo, también hay personas que se están movilizando para que la central de Garoña consiga renovar su licencia de funcionamiento. Es el caso del maratoniano Santos Llamosas y el ciclista discapacitado Manuel Pérez, quienes el viernes pasado iniciaron una ruta con la que pretenden llegar al Palacio de La Moncloa.

Con esta actividad los dos deportistas buscan apoyar la petición realizada por el Comité de Empresa al presidente del Gobierno a fin de que la decisión política que se adopte sobre el futuro de la central de Garoña “asuma el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear” para, en definitiva, otorgar el permiso de explotación hasta el año 2019.
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